La Paz, 31 ago.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, dio hoy por resuelta la crisis con Brasil a raíz de la salida hacia ese país del senador opositor boliviano Roger Pinto sin el respectivo salvoconducto y con la complicidad de un diplomático brasileño.
«Lamentablemente por culpa de un corrupto boliviano, Pinto, intentaron dividirnos, confrontarnos con Brasil. Ayer nos hemos reunido con la compañera presidenta (Dilma Rousseff), resuelto el problema y nadie nos va a dividir, nadie nos va a confrontar», sostuvo Morales en un acto con vecinos de la ciudad de La Paz.
El gobernante se refirió así al encuentro que tuvo el viernes con Rousseff para abordar el asunto en Surinam, donde ambos concurrieron a una cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
El senador opositor fue acogido en la embajada brasileña el 28 de mayo de 2012, fecha en que pidió asilo político a Brasil bajo el argumento de que era objeto de una persecución política, lo que han negado las autoridades bolivianas.
Un año antes, en marzo de 2011, el senador Pinto había acudido al Palacio Quemado con una copia de un informe de inteligencia que supuestamente detallaba una reunión de 2010 que habrían tenido el ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana y la directora de la Agencia para el Desarrollo de Zonas Fronterizas en el departamento del Beni, con un importante narcotraficantes brasileño, Maximiliano Dorado Munhoz Filho.
Según un artículo de la prestigiosa revista brasileña Veja, publicado en julio de 2012, el informe señala que ambos “entraron en la casa de Max con las manos vacías y salieron 20 minutos después con dos maletines. El contenido de los mismos es desconocido”.
El informe de Inteligencia nunca ha sido investigado, pero Morales acusó a Pinto de corrupción y poco después una corte dictó orden de prisión en su contra.
El político logró escapar a Brasil hace una semana con el apoyo de responsables de la embajada brasileña en La Paz, lo que causó una crisis diplomática entre ambos países y desembocó en la dimisión del ministro brasileño de Exteriores, Antonio Patriota.
El Gobierno boliviano ha pedido que Brasil «devuelva» al senador, al que acusa en varios juicios de actos de corrupción, mientras que la Fiscalía General ha solicitado a la Interpol que emita una «notificación roja» para su captura y entrega.
Pinto, que ha negado siempre las acusaciones de la Administración de Morales, ha solicitado oficialmente refugio a las autoridades de la Comisión Nacional de Refugiados de Brasil y también explora la posibilidad de hacer el mismo pedido a terceros países.
En declaraciones posteriores a los medios, el gobernante explicó que su homóloga brasileña «no tenía información» correcta sobre el caso del opositor boliviano, aunque a su juicio ello «no es por culpa de ella», sino de los funcionarios de la embajada brasileña en La Paz, quienes «no informaban bien a la Cancillería de Brasil».
«Lamento mucho decir que la presidenta Dilma no sabía que Pinto tenía cuatro arraigos (prohibiciones para salir del país) y una sentencia. Tampoco estaba informada de que tenía procesos por temas de corrupción», sostuvo Morales.
Señaló que en la reunión en Surinam, Rousseff y él acordaron el viaje a Brasil de los ministros bolivianos de Gobierno, Carlos Romero; de Lucha contra la Corrupción, Nardy Suxo, y de Justicia, Cecilia Ayllón, además de personal de la Fiscalía General.
Esta delegación llevará «información jurídica y técnica al Ministerio Público de Brasil como también al Ministerio de Justicia para que ellos puedan tomar cartas» en el caso de Pinto, agregó.
Según Morales, Rousseff expresó en el encuentro «su mayor molestia» sobre la actuación de los funcionarios de la embajada brasileña que ayudaron a Pinto a salir del país.
«Siento que lamentablemente no se manejó en base a la verdad el caso Pinto y por tanto el Gobierno nacional verá los procedimientos correspondientes, si fuera necesario extraditar, eso está en manos de la Justicia boliviana», señaló.
Morales ratificó más temprano que «en temas de corrupción no puede haber asilos ni refugios para corruptos de todo el mundo».
«Es una obligación en base a las convenciones internacionales, a la convención de las Naciones Unidas, todos los Gobiernos (deben) coadyuvar en la lucha contra la corrupción», afirmó.
*Con reportes de EFE