Con 102 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de Ley para el cierre de la crisis bancaria de 1999.
«El proyecto tiene por objetivo facilitar la realización de activos de la banca cerrada, viabilizar el cobro de la cartera adecuada bajo criterios de justicia financiera y establecer un mecanismo de pago a los acreedores perjudicados por la banca cerrada», informó el Parlamento.
«La normativa permitirá optimizar recursos del Estado destinados por casi 15 años a solventar los manejos irresponsables de activos y cartera de las instituciones financieras extintas por parte de sus accionistas y administradores; y, a la vez, facultará a los depositarios de la banca cerrada perjudicados por la crisis a recuperar sus acreencias en condiciones financieras justas, poniendo fin a un capítulo nefasto de la histórica económica del Ecuador».
La Asamblea anunció que esta ley será orgánica. Establece que como consecuencia de la terminación de los contratos de fideicomiso, el Banco Central (BC) tendrá el plazo de 120 días para liquidar los fideicomisos; y las fiduciarias 150 días adicionales para transferir de su patrimonio los inmuebles ubicados en predios urbanos a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Inmobiliar y los muebles ubicados en predios rústicos a favor del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Magap; y, los bienes muebles, cartera y otros activos que tuvieran aportados a sus patrimonios autónomos a favor del Banco Central.
El ponente y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Juan Carlos Cassinelli, indicó que existe un universo de personas que tiene deudas por más de 75 mil dólares, por lo que se determina un tratamiento progresivo para darle justicia a este tema del recálculo, sabiendo lo que le cuesta al Estado hacerlo en la manera como está planteada.
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