Miami (EE.UU.), 25 abr (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) destacó hoy que las críticas por la «falta de libertad de expresión» que la CIDH hizo al Gobierno de Ecuador en su último informe concuerdan con sus propias denuncias sobre el «deterioro de la libertad de prensa» en ese país sudamericano.
El informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «coincide con nuestras denuncias permanentes contra el Gobierno ecuatoriano», especialmente por la nueva ley de prensa y la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom), que son herramientas de «censura», resaltó en un comunicado Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP.
Paolillo afirmó que la creación de estos dos organismos oficiales responde a un intento del Gobierno ecuatoriano de «imponer una censura disfrazada con la rebuscada figura de ‘democratización de la comunicación».
Recordó que la SIP había pedido ya al Gobierno ecuatoriano que se abstuviera de «utilizar la ley para castigar a los medios y de usar el aparato judicial para criminalizar a los periodistas y medios en represalia por sus posiciones editoriales».
En el informe divulgado este jueves por la CIDH se acusa al Gobierno de Rafael Correa de «estigmatizar sistemáticamente a periodistas y defensores de los derechos humanos», entre otros grupos, mediante «acciones judiciales y legales, como la Ley de Comunicación, convertida en un arma que genera un clima intimidatorio para la prensa privada e independiente».
Este jueves el Gobierno de Ecuador rechazó el informe de la CIDH y anunció que presentará una petición para que el organismo rectifique esa versión.
El canciller ecuatoriano en funciones, Leonardo Arízaga, adelantó que la delegación de su país ante la Organización de Estados Americanos (OEA) no aprobará el informe de la CIDH cuando sea tratado por el Consejo Permanente.
El informe de la SIP más reciente sobre la situación de libertad de prensa en Ecuador da cuenta de las «fuertes sanciones» impuestas al diario Extra «por no rectificar sobre lo que el medio consideró importante informar» y de la multa de más de 100.000 dólares aplicada al diario El Universo por una caricatura.
«La Supercom no ha usado la misma vara con los medios manejados por el Gobierno» y autoridades estatales, puntualizó la SIP, con sede en Miami.
Paolillo alertó además sobre la reforma al Código Penal en Ecuador, que, según dijo, agrava la «criminalización de delitos cometidos a través de la prensa, contraviniendo la tendencia actual de descriminalización de la difamación que impone la jurisprudencia creada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los acuerdos internacionales sobre libertad de expresión».
La SIP se hizo también eco de la denuncia de la organización ecuatoriana Fundamedios contra el Gobierno ecuatoriano, una queja que dirigió también a la empresa Ares Rights y la red social Twitter.
Fundamedios escribió a Ares Right por las «acciones a favor de censurar opiniones y comentarios críticos sobre Correa» y acusó Twitter de no actuar «ante la censura de la que han sido víctimas los usuarios que criticaron a Correa en esa red social».
La censura, según Fundamedios, obedece al «celo que el Gobierno mantiene sobre las declaraciones públicas que Correa expresa los sábados en sus Enlace Ciudadano». EFE