Quito, 23 sep (EFE).- El fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, informó hoy de que 96 personas han sido sentenciadas en el país por los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010, cuando se inició una revuelta policial por temas salariales que el Ejecutivo considera un intento de golpe de Estado.
En una rueda de prensa, Chiriboga indicó que de los 96 sentenciados, sesenta fueron declarados culpables y a 36 se les ratificó la inocencia.
Apuntó que hay 520 personas procesadas en todo el país por los hechos del 30 de septiembre de 2010 cuando una protesta de policías por asuntos salariales derivó en un alzamiento de proporciones en el que el presidente Rafael Correa fue agredido y tuvo que refugiarse en un hospital policial.
El mandatario, que había acudido al lugar de la protesta para hablar con los agentes sobre sus inquietudes salariales, fue rescatado en una operación militar desarrollada esa noche en medio de un intenso tiroteo.
Chiriboga detalló que la Fiscalía tramita 53 casos en todo el país por los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010, de los cuales 34 están en indagación previa, dos en instrucción fiscal, ocho en etapa intermedia, dos en etapa de juicio, tres en nulidad y apelación y cuatro en casación.
Hasta el momento se han dictado 21 sentencias, tres de ellas por parte de tribunales penales, ocho sentencias de apelación en la Corte provincial y 10 de casación en la Corte Nacional de Justicia.
El fiscal del Estado detalló que las sentencias de primera instancia se relacionan con delitos de atentado contra la seguridad interior del Estado y por tentativa de magnicidio.
En las sentencias de segunda instancia se contemplan delitos como homicidio simple, incitación a la rebelión, sabotaje, destrucción de bienes públicos, atentado contra la seguridad interior del Estado, terrorismo, obstaculización de vías y sedición.
Chiriboga explicó que en las sentencias en casación hay, entre otros, delitos de tentativa de magnicidio, rebelión, promoción de manifestaciones públicas no autorizadas, invasión de edificios públicos, suspensión de servicios públicos y terrorismo. EFE