El presidente del consejo de gobierno de la Conadie, Jorge Herrera, ha denunciado el desalojo de trece familias indígenas, en el barrio San Marcos de la parroquia Tundayme, en Zamora, por parte de elementos de la policía y «la seguridad privada de la minera Ecuacorrientes», que aseguran fue «de manera violenta, sin ninguna notificación previa, e invadiendo terrenos comunitarios».
«Con qué autorización vino la policía nacional a desalojar estas casas. La policía tiene que entregarnos tarde o temprano las copias de las notificaciones para los desalojos», ha declarado el prefecto de Zamora, Salvador Quishpe, citado por El Universo. Un comunicado del Ministerio del Interior señaló que la Unidad de Investigación de Delitos Mineros (UIDM) de la Policía Nacional ejecutó en Tundayme un operativo de control con la finalidad de hacer efectiva la servidumbre minera otorgada a la empresa trasnacional China, Ecuacorriente S. A.
Con la notificación previa, más de 135 uniformados desalojaron el sector para la servidumbre minera, indicó la cartera de Estado.
Moradores y trabajadores se quejaron por la excesiva fuerza con la que habrían actuado los uniformados, quienes acudieron con equipo antimotines al lugar. «Me cogieron, yo claro que tenía unas piedras y machete, y me dijeron que era prohibido tener un machete. Me fueron arrastrando de los pies hasta allá, casi unas dos cuadras». dijo José Borja, citado por El Universo.
Con maquinaria pesada y la custodia de policías, las viviendas fueron derribadas. El viernes, Herrera ha criticado que en las Naciones Unidas el presidente Correa resalte la importancia de la protección ambiental y que al mismo tiempo ejecute una política que apoya la minería a cielo abierto que «ocasiona desastres ambientales y atropellos a los derechos humanos».
