Asamblea aprueba la Ley de Tierras

Foto: Asamblea Nacional

La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador aprobó hoy la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, que ha sido criticada por sectores indígenas y sindicales.

El pleno del legislativo aprobó la normativa que busca regular el uso y acceso a la propiedad de la tierra rural y garantiza la propiedad de las tierras de las comunidades campesinas e indígenas, informó la Asamblea en su portal web.

La ley de Tierras ha generado protestas de organizaciones indígenas que consideran que esa norma favorecerá a la gran industria alimentaria del país, en detrimento de los sectores campesinos empobrecidos.

El oficialismo, que domina la Asamblea en Ecuador, rechaza esa conjetura y considera que con la nueva normativa se regula el derecho a la propiedad de la tierra, para que cumpla una función social y ambiental.

Asimismo, el cuerpo legal, según el texto de la Asamblea, regula la «posesión, propiedad, la administración y redistribución de la tierra rural como factor de producción, para garantizar la soberanía alimentaria, mejorar la productividad, propiciar un ambiente sustentable y equilibrado».

Además, garantiza la propiedad de las tierras comunitarias y los territorios de comunidades indígenas y de afrodescendientes, como mandan la Constitución del país y otros instrumentos internacionales de derechos colectivos.

El presidente de la Comisión legislativa de Soberanía Alimentaria, Miguel Carvajal, aseguró que esta ley «responde a las necesidades actuales y estratégicas del país» y promueve «todas las formas de inversión, la redistribución de la tierra a organizaciones de campesinos pobres para fomentar la productividad» y solucionar el problema de la pobreza extrema en el sector rural.

Indicó que la norma no permitirá la compra de tierras por parte de capitalistas extranjeros, aunque fomenta las inversiones en el sector en forma de asociación con el Estado, empresas mixtas, particulares o comunales, para alcanzar el desarrollo agrario.

Carvajal indicó que la ley también facilitará el acceso al crédito a familias campesinas y regulará las expropiaciones, entre otras reformas.

Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, dijo que en América Latina y en el Ecuador, la pobreza en la ruralidad está anclada a la falta de acceso a la tierra y la producción.

Recordó que la normativa actual de 1994 tuvo un un alto contenido neoliberal, al hablar del «racionamiento de terrenos comunitarios y fomento a la concentración y especulación». Por ello, según la titular del Legislativo eran necesarios los «cambios de perspectiva, crear condiciones para que el agro no sea el escenario de expulsión de familias dedicadas a la agricultura».

De su lado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anunció hoy su rechazo a la Ley de Tierras por que, según dijo, no ha sido consultada a los sectores campesinos directamente relacionados.

Jorge Herrera, presidente de Conaie, informó hoy que junto a otros colectivos organizará una «Cumbre Agraria» en los próximos meses, para analizar propuestas que permitan mejorar la situación en el sector rural del país y discutir sobre la «deuda agraria» que mantiene el actual Gobierno.

«La movilización y la unidad nacional se mantienen firmes para enfrentar la crisis económica a la que este gobierno nos ha conducido y que en el 2016 se intensificará», añadió Herrera en declaraciones a periodistas.

Luis Andrango, líder de la organización Red Agraria, rechazó por su parte la ley aprobada en la Asamblea pues, a su criterio, «se evidencia nuevamente la gran deuda agraria que durante nueve años este Gobierno mantiene con el sector agrario».

La normativa, según Andrango, «sólo beneficia a los grandes propietarios de tierra, en detrimento del 64 por ciento de campesinos que alimentan al país».

Pablo Serrano, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la mayor central obrera del país, ratificó su adhesión al reclamo de los indígenas y aseguró que «el pueblo seguirá movilizado en las calles exigiendo sus derechos». EFE [I]

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