Quito, 21 jun (EFE).- El abogado Baltasar Garzón, defensor del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, denunció hoy la no aplicación por parte de las autoridades del Reino Unido de una norma que favorecería a su defendido, ya que impediría su entrega a Suecia, país que le reclama por un presunto delito sexual.
Se trata, dijo Garzón en una conferencia en Quito, de una modificación de los mecanismos de aplicación de la orden de detención y entrega, que el Reino Unido ha decidido no aplicar cuando no existan cargos contra la persona reclamada.
Ese «es el caso de Julian Assange», contra quien no hay cargos, comentó el jurista al explicar que en ámbitos como el penal o el de la seguridad rige el principio de retroactividad si favorece a la persona afectada y, sin embargo, no se aplica a favor del periodista australiano.
«Aquí se ha introducido una disposición transitoria que específicamente dice: esta norma no será de aplicación retroactiva», dijo el exmagistrado, quien precisó que en el Reino Unido no hay otro caso que no sea el de Assange al que beneficiaría la retroactividad, por lo que esa medida «lleva dedicatoria expresa» para él.
Ante ello, el equipo de abogados del fundador de WikiLeaks está «planteando el inicio de una revisión de esa decisión», señaló.
Assange fue detenido en Londres el 7 de diciembre de 2010 -después de que su portal difundiera cables diplomáticos secretos de EE.UU.- a petición de la Justicia sueca, que busca interrogarle por un presunto delito de agresión sexual del que no ha sido acusado formalmente y que él niega.
Se refugió en la embajada de Ecuador el 19 de junio de 2012, tras perder en el Reino Unido un juicio contra su extradición a Suecia pues teme que, si se entrega a ese país, de allí podría ser extraditado a EE.UU., donde podría afrontar un juicio militar y la pena de muerte por las revelaciones de su portal.
Durante una conferencia con motivo del cuarto aniversario de su asilo en la embajada ecuatoriana, Garzón apuntó que otro de los argumentos que los abogados esgrimirán en este caso es que el delito por el que se reclama a Assange no tiene un equivalente en Ecuador.
«No hay equivalencia jurídico penal, con lo cual es un elemento añadido que desde nuestro punto de vista tiene que ser valorado ante una eventual cooperación con Suecia respecto de una persona que está sometida a la jurisdicción de Ecuador«, dijo.
Esa circunstancia constituye «un planteamiento que en algún momento se tiene que afrontar», señaló el defensor.
Garzón, quien aludió a la existencia de un «contubernio» entre EE.UU., Suecia y Gran Bretaña contra Assange, arremetió también contra el incumplimiento del dictamen sobre el caso elaborado por un Grupo de Trabajo de la ONU, que declara la situación del periodista como una detención arbitraria.
El defensor, al comentar las vulneraciones de derechos que sufre su patrocinado, mencionó entre ellas que no puede salir de la embajada, ni siquiera para recibir asistencia médica, a pesar de que sufre un problema médico en un hombro, ya que en el momento en que lo hiciera sería detenido, puesto que se le ha denegado un salvoconducto solicitado para ello.
Según el exjuez, el incumplimiento del dictamen de la ONU incide en el estado psíquico del periodista «y puede derivar en una situación real de tortura. Por tanto estamos andando los pasos correspondientes para poder demostrar que esto es así», apostilló.
En el acto intervino el representante de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Ecuador Fidel Jaramillo, quien informó de la recepción de una petición de asistencia de la Fiscalía sueca para interrogar a Assange en la embajada de Ecuador, y dijo que en la actualidad se prepara la respuesta a esta solicitud.
Jaramillo, quien señaló que la vigilancia de Assange tiene un costo diario de 30.000 libras esterlinas, consideró que el delito por el que se reclama al periodista (inicialmente eran cuatro, pero tres de ellos han prescrito) va a terminar prescribiendo «así sea cuatro años más tarde».
Con ello, según Jaramillo, Assange habría pasado «encerrado un total de nueve años» y no sería posible judicializar su caso en Suecia. EFE (I)