El presidente de la República, Rafael Correa, ha reiterado que creer que uno pueda hacer con su propio dinero lo que se quiera «es completamente amoral». Correa se refirió a la consulta popular planteada a la Corte Constitucional para prohibir que los funcionarios públicos, incluso los de elección popular, tengan bienes en el exterior en lugares considerados paraísos fiscales.
«Puede ser legal hasta ahora, pero siempre ha sido ilegítimo, y es hasta inmoral, porque hacer la plata en el país de uno, este país que necesita tanto, Ecuador, y sacar la plata a paraísos fiscales, ¡es inmoral! Y algunos dicen ´yo puedo hacer con mi plata lo que me da la gana´, eso ya es una amoralidad, haber perdido la referencia entre el bien y el mal, no tener ninguna conciencia social, ningún amor de Patria. Este no es el país que queremos».
Correa ha negado que la consulta popular planteada tenga dedicatoria contra el líder de CREO, Guillermo Lasso, que es accionista de un banco en Panamá. «Ojalá se lance Lasso, y ojalá también Nebot, pero como no es tonto, ya la lanzó a Cynthia Viteri. Pero no es verdad. Si la pregunta dice que sí podrán ser candidatos, pero si gana el sí en la consulta, tendrán un año para deshacerse de esos bienes, sino ahí sí serán destituidos».
«¡Que no nos vengan con artimañas, a decir que esto es discriminación, porque eso es mentira!», ha dicho Correa.
El viernes, el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, entregó en la Corte Constitucional, un pedido de consulta popular con la siguiente pregunta: ¿Está de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza en paraísos fiscales?Por lo tanto, en el plazo de un año, contado a partir de la proclamación de los resultados definitivos de la presente consulta popular, la Asamblea Nacional reformará la ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes, a fin de adecuarlos al pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano. En este plazo, los servidores públicos que tengan capitales y bienes, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales deberán acatar el mandato popular y su incumplimiento será causal de destitución.