El juez Edwin Cevallos Ampudia ha iniciado, a petición del presidente Rafael Correa, el proceso para declarar la insolvencia del periodista Fernando Villavicencio, para lograr el pago de 141 mil dólares de indemnización, al que fue condenado después que un tribunal consideró injuriosas sus declaraciones sobre la actuación de Correa durante el 30S.
El juez ha pedido a Villavicencio que pague o dimita bienes, es decir, que los entregue para que sean rematados. Ha ordenado la ocupación de todos sus bienes, libros, correspondencia, y ha prohibido su salida del país. Según el procedimiento, si Villavicencio no paga o entrega bienes, el juez embargará los que encuentre, los rematará y con lo que se obtenga, pagará la deuda a Correa.
El exlegislador opositor Clever Jiménmez y Villavicencio (asesor de este) fueron condenados en 2014 a un año de prisión, mientras que el activista Carlos Figueroa lo fue a seis meses de privación de libertad por la Justicia ecuatoriana, que les impuso el pago conjunto de la citada cantidad.
Los tres fueron sentenciados por lanzar acusaciones contra Correa, sin pruebas, en relación con los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010.
Ese día, el gobernante estuvo retenido durante varias horas en un hospital de Quito en medio de una revuelta policial que el Gobierno considera un intento de golpe de Estado.
Los condenados lo acusaron ante la Fiscalía de haberse trasladado a las instalaciones de una universidad para supuestamente planear su rescate y regresar luego al hospital para ser liberado.
La Fiscalía no acogió la denuncia, que calificó de maliciosa y temeraria, por lo que Correa emprendió el juicio por injurias contra ellos.
«Yo voy a esperar, espero que el depositario judicial vaya y lleve la cama, el plasma, los computadores, la cuna de mi hijo y la entreguen al presidente Correa», dijo el condenado a la televisión Ecuavisa.
Y agregó que «esta actitud del presidente Correa» pretende impedirle que vaya a la Asamblea nacional (Parlamento) a ejercer una labor de fiscalización.
El abogado de Correa, Caupolican Ochoa, en declaraciones al mismo canal comentó que «todo el país conoce cuál es la actitud resistente, reticente, de los procesados, que se han negado a cumplir la sentencia», por lo que consideró adecuada la resolución del juez. (I)
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