Ecuador advirtió hoy en la sede de Naciones Unidas en Ginebra de que es «urgente» que la comunidad internacional adopte acciones para prevenir el «impacto negativo» sobre los derechos humanos que puede causar el «gran poder» que las empresas transnacionales han acumulado por la globalización.
Así lo expresó la ministra ecuatoriana de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernanda Espinosa, en la inauguración del tercer periodo de sesiones del grupo intergubernamental -que ella preside- para crear un instrumento legal internacional y vinculante que regule la actividad de las multinacionales en relación a los derechos humanos.
En un comunicado difundido hoy en Quito, con motivo del inicio de las sesiones del grupo de trabajo en Ginebra, el Ministerio indica que el diálogo sobre este instrumento constituye en sí mismo «una ocasión inigualable para llenar el vacío jurídico existente en la materia».
Espinosa recordó que hasta la fecha sólo hay reglas voluntarias que «no han resuelto ni remediado casos concretos de violaciones a los derechos humanos cometidos por empresas, permitiendo de esa manera que esos abusos hayan quedado en la impunidad».
Ecuador es, junto con Sudáfrica, uno de los padrinos de esta iniciativa, que se desarrolla en cumplimiento del mandato de la resolución 26/9 de Naciones Unidas, suscrita el 26 de junio de 2014.
Para la ministra, el mecanismo de estudio establecido es «un hito» y «un cambio de paradigma en el sistema multilateral de los derechos humanos».
La propuesta ecuatoriana, a decir del comunicado, cuenta no sólo con el apoyo de otros países que se han visto perjudicados por las actividades de las multinacionales sino también por «cientos de organizaciones sociales de todo el mundo», e incluso «empresarios».
Uno de los casos más notorios que eleva Ecuador de ese «impacto negativo» son las más de 1.100 muertes de trabajadores -la mayoría mujeres- por el desplome del centro comercial de Rana Plaza en Bangladesh en 2013, y la contaminación del delta del río Níger en 2009 por la petrolera Shell.
También, las devastadoras consecuencias de los vertidos de crudo sufridos en la selva amazónica ecuatoriana durante casi 30 años por las actividades hasta 1992 de la compañía Texaco, luego adquirida por Chevron, que a su vez niega toda responsabilidad en el caso y la atribuye al propio gobierno ecuatoriano.
En ese sentido, la propuesta que Espinosa ha llevado a Ginebra pone especial atención de la prevención, porque a su juicio «la falta de la debida diligencia de la acción corporativa puede afectar los derechos humanos, los derechos laborales y el ambiente de los pueblos del mundo». EFE