La defensa de Jorge Glas solicitó ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares ante la sentencia dictada en su contra el 13 de diciembre de 2017 y el juicio político para reemplazarlo del cargo.
El presidente Lenín Moreno expresó que a la medianoche del martes pasado Glas cesó en sus funciones.
Eduardo Franco Loor, abogado de Glas, dijo la tarde de ayer que la opinión del presidente Moreno “puede ser muy respetable, pero no es vinculante en derecho porque no tiene atribuciones legales, ni constitucionales para establecer una cesación del vicepresidente de la República por abandono o porque se venció el plazo de la ausencia temporal o porque supuestamente existe falta definitiva. Nada de eso ocurre”.
Expresó que de acuerdo con el artículo 145 de la Constitución, el abandono del cargo tiene que ser declarado por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional y comprobado ese abandono por la Corte Constitucional. “Nada de eso existe porque el abandono se da cuando es de manera voluntaria y en este caso existe una ilegal e inconstitucional prisión preventiva y una sentencia írrita”.
Dijo que incluso esta sentencia aún no ha sido notificada por escrito, violando el artículo 621 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece un plazo de diez días para proceder a la apelación.
Expresó que el 3 de agosto de 2017 mediante decreto No. 100 el propio presidente le quitó funciones orgánicas y administrativas al vicepresidente.
Según Franco, tampoco hay falta definitiva porque como vicepresidente y como autoridad nominadora pidió vacaciones.
Sobre el juicio político contra su defendido, Franco señaló que ha solicitado en nombre de su defendido que sea recibido por el pleno de la Asamblea Nacional para exponer sus argumentos jurídicos.
Agregó que Glas acudirá a la Comisión de Fiscalización y al pleno de la Asamblea Nacional pero en calidad de vicepresidente electo por mayoría de voto el pasado 2 de abril.
Franco señaló que solo se le han dado días a su cliente para que presente las pruebas de descargo, con lo que se vulnera el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. “De qué se va a defender si no han presentado las pruebas”, dijo Franco. “No cabe que el presidente envíe ninguna terna porque no hay falta definitiva, no ha renunciado ni tampoco ha muerto”. reiteró. (I)
- Fuente Diario El Universo