Comisión de Fiscalización negó a Ochoa más plazo para presentar pruebas

QUITO-ECUADOR (15/02/2018). Comisión de Fiscalización recibe a los proponentes del Juicio político en contra de Carlos Ochoa Superintendente de Telecomunicaciones. FOTOS API/CRISTINA VEGA.

La Comisión de Fiscalización negó el pedido de ampliación del plazo para presentar las pruebas de descargo que realizara el superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, dentro del juicio político planteado en su contra.

Según el calendario de la mesa, Ochoa debería comparecer el próximo 23 de febrero, fecha en que concluyen los 15 días de plazo para recibir las pruebas de cargo y de descargo.

Este jueves, la Comisión se reunió para recibir las pruebas de parte de los asambleístas acusadores, Lourdes Cuesta y Fabricio Villamar (CREO), quienes ratificaron el pedido para que Ochoa sea llevado hasta el pleno de la Asamblea y ser interpelado por supuesto abuso de poder, arbitrariedad y aplicación subjetiva de la Ley Orgánica de Comunicación en contra de los periodistas y medios de comunicación.

La Comisión aprobó el pedido realizado por los dos interpelantes de llamar como testigos, en este juicio político, a la activista Martha Roldós, a los comunicadores Aurelio Dávila y Luis Baldeón, así como al jurista Ramiro García. La fecha de su comparecencia aún no se define.

En la sesión también intervino la asambleísta Elizabeth Cabezas (AP), quien se refirió al examen especial practicado por la Contraloría en contra de Ochoa, cuando fue director de noticias del canal incautado GamaTV. Ella dijo que el funcionario cometió “abusos”.

Villamar destacó que por la “desmedida arbitrariedad” del superintendente muchos medios entraron en serias complicaciones financieras por la defensa de estos “írritos casos administrativos, sumados a las sanciones de la entidad”. Cuesta afirmó que hay pruebas suficientes “que demuestran y justifican fehacientemente el abuso de poder, la arbitrariedad y sobre todo la responsabilidad política que tiene Ochoa, y el porqué hemos llamado a juicio político”.

El abuso de autoridad se encuentra determinado en más de 24 resoluciones sancionatorias, en contra de medios y periodistas, con la pretensión de callarlos, destacó Cuesta. (I)

  • Tomado de El Universo

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