Audio de «los compadritos» es la principal prueba de cargo contra fiscal Baca

Rueda de prensa del Fiscal Carlos Baca.

La actuación del fiscal general, Carlos Baca Mancheno, en torno al audio que revela una conversación entre el expresidente de la Asamblea José Serrano y el excontralor Carlos Pólit es la principal prueba de cargo de los asambleístas para acusar al funcionario de incumplimiento de funciones, en el proceso de juicio político que se lleva en su contra.

Ayer, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea se instaló para escuchar a los asambleístas acusadores: Henry Cucalón y César Rohón de PSC-MG y a Guillermo Celi de SUMA, quienes entregaron y explicaron sus pruebas en contra de Baca.

Según los acusadores, el fiscal violó cuatro artículos de la Constitución y doce del Código Penal al revelar un audio que lo habría tomado de las redes sociales, pues hizo una divulgación “ilegal” que habría transgredido el debido proceso.

Un ejemplo es el numeral cuatro del artículo 76 de la Constitución que señala: “Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria”.

En una hora y quince minutos, Cucalón sostuvo que Baca Mancheno no es procesado por ningún complot político en su contra, sino por el incumplimiento de funciones y que la irresponsabilidad en sus actuaciones ha llevado a que las dos principales autoridades de la Fiscalía General se acusen entre sí, que la labor policial quede en entredicho, al igual que la labor de una notaría.

“Se va a demostrar por qué el fiscal general es incapaz de ejercer, por qué el fiscal general es incapaz de ejercer el cargo que actualmente ostenta y que es responsable político directo de la zozobra institucional que está viviendo Ecuador”, expresó Cucalón.

El socialcristiano recalcó varias veces que el proceso de juicio se inicia por voluntad de 103 asambleístas que votaron en el Pleno a favor de la resolución que también decidió la destitución de Serrano. Y agregó que la solicitud fue suscrita por 62 asambleístas como auspiciantes del juicio político.

Para Cucalón, si bien el fiscal no puede ser juzgado por sus actuaciones como miembro de la Comisión que investigó los hechos de la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, señaló que es importante tomar en cuenta que la Contraloría investiga los gastos especiales de ese organismo.

Para los acusadores también es importante tomar en cuenta la declaración juramentada del policía Danny Ibarra, quien habría recibido amenazas para realizar el parte policial sobre la divulgación del audio.

Celi insistió en que el audio no fue judicializado y que no existe ningún complot ni conspiración, sino un procesamiento por incumplimiento de las normas legales.

Rohón sostuvo que sería una vergüenza que la Comisión no llegue a la resolución del juicio y que el Consejo de Participación Ciudadana se pronuncie antes respecto a la evaluación del funcionario.

Al final, Norma Vallejo (de Alianza PAIS) intervino para respaldar la labor de fiscalización de la Asamblea. (I)

  • Fuente Diario El Universo

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