Quito, 20 abr (EFE).- Una corte de Quito inició hoy un proceso penal contra dos concejales y otros funcionarios de la capital ecuatoriana, en el marco de una investigación fiscal por supuestos delitos de asociación ilícita, concusión y enriquecimiento privado no justificado.
La Fiscalía ecuatoriana, en un comunicado, indicó que tras la audiencia de formulación de cargos, la jueza María de los Ángeles Montalvo dictó contra los procesados la prohibición de salida del país, la obligación de presentarse periódicamente en la Unidad de Flagrancia y usar un dispositivo electrónico de localización.
También ordenó la retención de las cuentas y la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles de los procesados.
Los concejales identificados por la Fiscalía como Sergio Garnica y Eddy Sánchez fueron detenidos el jueves en el marco de una indagación sobre concusión o cobro ilegal de contribuciones en beneficio de los funcionarios públicos.
Mientras Xavier V., Fausto M., Segundo S., Andrea F. y Rubén L. eran funcionarios del Municipio quiteño ligados al supuesto delito, mientras que Mónica G. era el nexo en la acreditación de ciertas cooperativas de transporte perjudicadas.
Durante la audiencia, el fiscal Fabián Salazar presentó varios elementos de convicción para sustentar el inicio del proceso penal, entre ellos conversaciones telefónicas vinculantes en donde se presume que los procesados fijaban puntos de encuentro para recibir el dinero que provenía de los transportistas.
Según el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador, los delitos que se les imputan a los sospechosos son los de supuesta asociación ilícita, que se castiga con prisión de 3 a 5 años, el de concusión con la misma pena y el de enriquecimiento privado no justificado de 7 a 10 años. EFE
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