Quito (EFE).- El expresidente ecuatoriano Rafael Correa debe comparecer mañana ante la Corte Nacional de Justicia, en Quito, como medida cautelar por su vinculación al caso de secuestro de un opositor, caso contrario, se convertirá en prófugo de la justicia.
Tras su procesamiento el pasado 18 de junio en el denominado «Caso Balda», por intento de secuestro o secuestro frustrado -como arguye el exdiputado afectado-, la jueza que instruye el caso en la Sala de lo Penal de la Corte, Daniella Camacho, negó el lunes la apelación presentada por el letrado de Correa, ratificando la medida cautelar.
El expresidente, que reside en Bélgica desde hace un año y de donde es natural su esposa, debe presentarse cada quince días ante la sede judicial de la capital ecuatoriana, siendo la primera comparecencia el lunes, 2 de julio.
En el caso de que haga caso omiso de la disposición de la jueza, la Fiscalía podría solicitar que se ordene su prisión preventiva, sin embargo, analistas jurídicos sostienen que en esta situación, «cabe de manera inmediata la revocatoria, sin necesidad de que lo solicitara la Fiscalía».
«Al no presentarse ante la jueza que lleva el caso, automáticamente la medida queda revocada y da paso a la prisión preventiva», analiza para Efe la catedrática de derecho Ivonne Núñez, exmagistrada de la Corte Provincial de Guayas y antigua jueza de Garantías Penales.
Afirma que la medida cautelar dictada contra Correa por la jueza Camacho se ajustó a derecho y tuvo por objeto impedir la prisión preventiva, y que «haciendo una interpretación de la ley, dispuso que se presente cada quince días en el país».
En una entrevista con un medio español esta semana Correa cuestionó el dictamen y aseguró que la instructora se extralimitó en sus capacidades y fue más allá de la solicitud de la Fiscalía, que pidió su comparecencia periódica ante la autoridad que la jueza dispusiera, sin especificar lugar, ni plazo.
Núñez augura que en caso de incomparecencia, Camacho puede disponer la prisión preventiva contra el procesado, que pasaría a ser considerado un prófugo de la justicia.
El que fuera mandatario de Ecuador durante una década (2007-2017), dijo que estudia con sus abogados la posibilidad de no presentarse a la audiencia judicial y adujo razones familiares en la misma entrevista al medio español.
«Tengo algunas cuestiones familiares: mi hija sufrió un accidente de tránsito grave», reveló.
Los asambleístas de la bandada Revolución Ciudadana, partidarios de Correa, le pidieron que no comparezca ante la corte, medida que justificaron en el temor a que su seguridad se vea socavada.
«Esta solicitud la hacemos para precautelar la seguridad integral, incluyendo la seguridad física de Rafael Correa», dijo Gabriela Rivadeneira, asambleísta e integrante del movimiento.
El exasambleísta Fernando Balda, conocido crítico de Correa, denunció hace seis años haber sido secuestrado, pero no ha sido hasta principios de este año cuando la Fiscalía inició una investigación reservada y solicitó las primeras versiones.
Hasta el momento hay tres procesados adicionales en el caso, entre los que se cuentan un excargo de la Policía y otro exresponsable de Inteligencia, que han ofrecido testimonios en la fase indagatoria del caso.
«La Fiscalía precautelando el proceso receptó los testimonios anticipados, que se ventilan en la etapa de juicio, pero en este momento esa fase se adelantó y consecuentemente no hablamos de elementos de convicción sin probatorios, según la ley penal», explica la experta en jurisprudencia.
Argumenta así que se han convertido en prueba suficiente para llamar a juicio a Correa, a los que se sumarían 13 indicios que evidenciarían su participación en el secuestro, extremo que el vinculado niega rotundamente.
Correa se enfrenta a los delitos de asociación ilícita, figura que de acuerdo al código ecuatoriano, requiere de un jefe o autor intelectual, así como de plagio, penados con prisión.
Si decide convertirse en prófugo, la justicia ecuatoriana dictará una orden de detención internacional a través de Interpol, pero como ya ha sugerido el propio Correa, aún le queda el recurso de solicitar el habeas corpus y asilo político en el país donde llegara a ser aprehendido.
Pero si es juzgado por su participación en el secuestro con fines políticos, como arguye la defensa de Balda, no podría solicitar asilo en Bélgica, puesto que se trata de un crimen de lesa humanidad imprescriptible. EFE (I)
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