El pleno del Consejo de Participación Ciudadana transitorio evaluó el viernes a los jueces de la Corte Constitucional. La reunión se dividió en dos partes: En la mañana cuatro jueces expondrían argumentos a favor de su gestión y justificarían la legitimidad de sus cargos y los cinco restantes lo hicieron en la tarde.
La primera intervención le correspondía a la jueza Pamela Martínez Loaiza quien se excusó mediante una carta en la que tacha de “incompetente” al consejo, “no me prestaré para este juego político”, enuncia en su carta. La jueza Ruth Seni tampoco asistió, aunque no ha explicado los motivos.
El presidente del Consejo, Julio César Trujillo, defendió lo actuado: “Este es un acto de evaluación, no es que estamos juzgando a los jueces. Los evaluamos porque esa fue la decisión del pueblo ecuatoriano”.
Le primera jueza en presentarse fue Tatiana Ordeñana Sierra a la que se le ha cuestionado haber sido consejera de Participación Ciudadana y jueza constitucional al mismo tiempo durante dos días en noviembre de 2012. Ordeñana alegó que no existió conflicto de intereses en su nombramiento porque, según recalcó, la Corte Constitucional no fue designada por el Consejo de Participación. Aseguró no haber recibido doble remuneración por ambos cargos.
Le siguió la Dra. Marien Segura, quien de la misma forma justificó la legitimidad de su designación y enfrenta dos denuncias de Prevaricato. Con respecto a posibles injerencias políticas, la jueza señaló que “El hecho de haber participado en un concurso de méritos y oposición, realizado en el gobierno anterior, no me quita la independencia ni los méritos que me califican para obtener el cargo de jueza constitucional”
El siguiente expositor fue el Dr. Victor Francisco Butiñá, quien negó vinculaciones personales con el presidente Rafael Correa, pese haber ocupado cuatro cargos públicos durante su mandato. Argumenta tener la certificación del Consejo Nacional electoral de no pertenecer a ninguna agrupación política, y al igual que los anteriores magistrados, defiende su gestión y sus méritos propios.
Siguiendo esta misma línea de defensa, Roxana Silva Chicaiza fue la última expositora en defender la constitucionalidad de su designación. Silva aceptó ser accionista de la empresa Cervecería Nacional. Dijo que era accionista “minoritaria, tengo 50 acciones y la ciudadanía lo conoce. Yo no voté en el caso Cervecería, que es importante que la gente lo conozca”.
El Consejo transitorio tiene hasta 5 días para decidir la suerte de la Corte Constitucional.