La Contraloría General del Estado ha determinado que la asambleísta Marcela Aguiñaga incurrió, mientras era Ministra de Ambiente, en culpa administrativa por permitir que se exploten las concesiones mineras Cerro Casco y Río Falso, afectando al corredor biológico de Quimsacocha, y que dicha culpa se sanciona con una multa y destitución el cargo.
El dictamen del Contralor Pablo Celi se basa en un examen especial del Proyecto Loma Larga, y ha sido informado a Aguiñaga el 27 de marzo.
En el oficio, la entidad de control determina la predeterminación de responsabilidad administrativa culposa incurrida por Aguiñaga, en el ejercicio de sus funciones como ministra, entre el 15 de noviembre de 2007 y el 9 de noviembre de 2012. Al señalar que el proyecto minero, en la provincia de Azuay, estuvo a cargo del Ministerio de Minería, Ministerio del Ambiente, Agencia de Regulación y Control Minero y entidades relacionadas, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017.
Según Contraloría, no se establecieron medidas coordinadas con el Ministerio Sectorial, en referencia a la intersección del corredor biológico del Área Nacional de Recreación «Quimsacocha» (ANRQ), con las concesiones mineras Cerro Casco y Río Falso, lo que ocasionó que las autorizaciones para las actividades mineras se mantengan vigentes sobre el corredor perteneciente al ANQR, cuando este ya estaba considerado como área protegida.
En el 2012, el Ministerio de Ambiente incorporó al Área Nacional de Recreación «Quimsacocha» al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, prohibiendo así actividades no compatibles.
Por lo que, «en base al hecho adminitrastivo detallado se ordena la destitución y multa de $ 5.840 (equivalentes a 20 salarios básicos unificados del trabajador en general, de $ 292, cada uno, vigentes al 2012)».
Aguiñaga tiene 30 días de plazo para ejercer su derecho a la defensa y remitir las pruebas de descargo relacionadas.