Fiscal dice que Correa lideraba una «organización delictiva dedicada a sobornos»

La Fiscal Diana Salazar, en la audiencia de vinculación del 7 de agosto de 2019 contra el expresidente Rafael Correa. API

La fiscal Diana Salazar presentó 11 indicios contra el expresidente Rafael Correa, que demostrarían que el exmandatario “disponía, aprobaba, autorizaba la recepción y distribución del dinero captado de esta bien estructurada banda delictiva”. La Fiscal se ha basado en documentos encontrados en poder de la exasesora de la Presidencia de la República, Pamela Martínez, que contenían información de contribuciones económicas entregadas por empresas, entre ellas la brasileña Odebrecht, en beneficio del partido Alianza PAIS.

La Fiscalía asegura que Correa dispuso a su asesora Pamela Martínez que cree un registro del ingreso de este dinero. Según la versión de la exfuncionaria, él tomó esa decisión porque desconfiaba de Ricardo Patiño. Presuntamente, el exmandatario también ordenó que su vicepresidente, Jorge Glas, coordinara las acciones que se cumplirían con ese dinero. Unos 15 millones de dólares, según la Fiscalía.     

Este dinero se recaudó en efectivo y con el cruce de facturas, ya que las compañías involucradas pagaban los servicios de los proveedores de las campañas de Alianza PAIS. Una de las pruebas que causó sorpresa fue un depósito de $ 6.000 en efectivo en la cuenta de Correa. Este dinero, recalcó la Fiscal, era de las aportaciones ilegales. Una copia de este depósito fue encontrada en los archivos de la computadora de Laura Terán, quien se desempeñó como asistente de Pamela Martínez.

La Fiscalía corroboró ese indicio con una versión de Christian Paredes, quien era auxiliar de servicios en la Presidencia y trabajaba junto a Pamela Martínez y a Laura Terán. En su versión, Paredes afirmó que él realizó el depósito por pedido de Laura Terán. Esta transferencia se realizó el 16 de mayo de 2014, cuando la exasesora Pamela Martínez, presuntamente, estaba a cargo de administrar los fondos que llegaban a su oficina en el edificio Concorde, ubicado en el norte de Quito.

Al respecto, Fausto Jarrín, abogado de Rafael Correa, comentó que efectivamente ese dinero llegó a la cuenta de su cliente, pero sostuvo que correspondía a un préstamo, el cual fue cancelado totalmente por el exmandatario. Él no precisó la procedencia del dinero y dijo que ese trabajo le correspondía al Ministerio Público. Sin embargo, el exmandatario sostuvo que se trató de un crédito que recibió por parte de un fondo que reunían los trabajadores de la Presidencia de la República.

Al final de su intervención, Salazar pidió a la jueza Camacho que dicte prisión preventiva contra Correa y que disponga la prohibición de enajenar sus bienes. Recalcó además que Correa no ha colaborado en el proceso y que no ha acudido a rendir las versiones solicitadas por Fiscalía, pero sí se ha pronunciado en las redes. En ese sentido, recomendó a la jueza Camacho que pidiera a Interpol la captura de Correa, de quien aseguró se desconoce su actual lugar de residencia. (I)

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