Una corte provincial de una región nororiental de Ecuador, dejó sin efecto este jueves la sentencia emitida por un juez a favor de la construcción de una hidroeléctrica en un río amazónico, y que fue suspendido ante sospechas de haber sido sobornado.
Así lo informó en su portal de Twitter la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), que acogió la decisión como una victoria, después de que el jueves se conociera de la detención del juez, de la Corte provincial de Pastaza, Aurelio Quito, bajo las sospechas de haber recibido sobornos por parte de la empresa constructora.
«La Corte de Pastaza deja sin efecto la sentencia en primera instancia del juez Aurelio Quito y suspende la construcción de la hidroeléctrica en el río Piatúa», reza el trino de la Confederación.
Las comunidades afectadas por la eventual construcción de la hidroeléctrica habían recurrido en junio la sentencia en primera instancia y esperaban una nueva resolución judicial hasta que se conoció sobre la actuación del juez.
La Confeniae precisó que el tribunal de Pastaza falló «a favor del pueblo Kichwa de Santa Clara en el caso Piatúa», nombre del río que quedaría afectado por la construcción de la hidroeléctrica.
Las sospechas apuntan a que la empresa GENEFRAN S.A. habría sobornado al juez, en cuyo poder se encontró dinero en efectivo por valor de 40.000 dólares.
Confenia se pregunta, además, si la empresa también será investigada en relación al caso.
El Consejo de la Judicatura (CJ) de Ecuador suspendió hoy de manera provisional al juez por el presunto soborno de la constructora.
De acuerdo a un informe remitido a la Judicatura por el director provincial del CJ en Pastaza, Pablo López, el juez suspendido habría incurrido en actuaciones irregulares que afectarían la correcta administración de justicia, indica el comunicado.
«Con la construcción de la hidroeléctrica sobre el río Piatúa quieren tomar más del 90 por ciento del caudal y trasladarlo a otro río ignorando que existen comunidades y las leyes internacionales», denunció Christian Aguinda, presidente de un pueblo originario de la nacionalidad quichua del cantón Santa Clara, que incluye a 22 comunidades en Pastaza.
Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), denunció que se han «violentado derechos» en los territorios donde viven poblaciones ancestrales.
«Con nuestros derechos no hay acuerdos ni negocios, nuestros derechos se respetan (…) El río Piatúa no se negocia con whisky ni con dólares», declaró ante los medios. EFE