El mayor (s. p.) Fidel Araujo, uno de los sentenciados por delitos derivados de la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, compartió ayer con la fiscal Diana Salazar su preocupación sobre la posibilidad de la prescripción de las acciones presuntamente ilegales que habrían cometido doce jueces y tres fiscales para sentenciarlo.
Araujo dijo que ha denunciado a los funcionarios judiciales que actuaron en su causa, no solo sentenciándolo ilegalmente, sino también forjando pruebas, por los delitos de prevaricato y fraude procesal.
Según él, se conformaría una comisión para analizar si están o no prescritas las acciones de los jueces que resolvieron sentenciarlo a seis años de cárcel.
La tesis que maneja Araujo es que el prevaricato y el fraude procesal son delitos que prescriben a los cinco años de la notificación de la sentencia ejecutoriada. La sentencia contra él habría sido emitida en el 2013 por el delito de rebelión, pero al haber llegado hasta la etapa de casación esta se confirmó en el 2016. Ahí, para Araujo, habría que hacer un análisis.
“Hay delitos conexos que serán evidenciados cuando dé mi versión. Si tiene como estrategia la defensa de los operadores de justicia presentar esta norma que hablaría de la prescripción, después de este análisis, sería rechazada porque hay otros delitos que no prescriben sino en diez años”, apuntó.
El exmilitar pidió que se anexen a su denuncia la información que aparece en el caso Sobornos, especialmente la que fue extraída de las computadoras y celulares de Laura Terán y Pamela Martínez. (I)