Seis entidades que forman parte de una Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, vinculados al movimiento indígena y al correísmo, aseguraron que, en el paro de octubre del año pasado en contra de la eliminación del subsidio de los combustibles, constataron que hubo violaciones de derechos humanos, las mismas que forman parte de las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Estas son agresiones y ataques a la prensa, violaciones al derecho a la libertad de expresión y asociación, afectaciones a la integridad personal en el marco de las protestas sociales, afectaciones a la vida en el marco de las protestas sociales; detenciones, criminalización y estigmatización de manifestantes durante las protestas.
La Alianza de Derechos Humanos pidió al Estado acoger las recomendaciones planteadas por la CIDH, entre ellas atención inmediata y reparación integral para las víctimas de las protestas y sus familias.
En tanto, la Asociación de Víctimas del Paro Nacional Inocencio Tucumbí, organizado por la CONAIE, anunció ayer que presentará una denuncia en contra del Estado.
Carlos Poveda, exabogado del hacker Julian Assange y que forma parte del equipo jurídico de la asociación, indicó que la Fiscalía tenía la obligación de investigar los hechos, sobre todo para las víctimas, pero en vista de que no lo ha hecho van a plantear una denuncia.
“Desde octubre, que se dan los primeros lesionados, afectados y muertes, indíquenme ustedes si hay una investigación previa”, dijo en una rueda de prensa en la sede de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Sostuvo que todos los dirigentes indígenas están siendo investigados por presuntos delitos como sabotaje, terrorismo, ataque y resistencia, y paralización de servicios públicos, pero que ningún servidor público ni secretario de Estado ha sido investigado hasta el momento.
Para Jorge Rivera, vicepresidente de la asociación, el presidente Lenín Moreno, quien en una cadena de radio y televisión cuestionó en tono enérgico la intención de la Conaie de demandar al Estado por el supuesto uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones, actuó de una manera muy alterada y nerviosa.
Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino del Cotopaxi (MICC), mencionó que tomar una decisión económica que va a afectar a la gran mayoría de ecuatorianos es un “acto irresponsable” de las autoridades estatales encabezadas por Moreno. (I)
