La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, señaló este jueves en Nueva York que la corrupción ha buscado nuevas formas para evadir a las autoridades y destacó la importancia de la cooperación internacional como medida para afrontar el problema.
Salazar, que participó este miércoles en un foro sobre las leyes contra el blanqueo de capital, en la sede de la Sociedad de las Américas, señaló que esa cooperación se basa en la confianza, «en que las autoridades vean que estamos en el mismo camino, con los mismos intereses y saber que al compartir esa información no será mal utilizada» sino que fortalece las investigaciones.
Recordó que entre las medidas aprobadas en su país para afrontar el blanqueo de capital en 2017 se sometió a consulta popular, y fue aprobado, la prohibición de que los funcionarios públicos tengan cuentan en paraísos fiscales y un requisito para aspirar a un puesto público.
La consulta surgió luego de que en 2016 saliera a la luz pública el escándalo conocido como «Papeles de Panamá«, documentos que revelaron que personalidades de todo el mundo contrataron los servicios del bufete panameño Mossack Fonseca para crear sociedades «offshore» en distintos paraísos fiscales y supuestamente evadir impuestos, entre otras prácticas delictivas.
Salazar, nombrada fiscal general en abril del 2019, indicó que se estimó que en ese momento 30.000 millones de dólares estaban fuera del país y consideró que la cifra debía ser mucho mayor.
Destacó que una de las connotaciones que tuvo esta medida fue la preventiva porque quienes tenían cuentas fuera del país regresaron ese dinero si querían aspirar a un cargo público.
Pero, la fiscal también puso en duda su efectividad tomando en consideración que «el crimen va cambiando, buscando nuevas formas de ocultar esos fondos ilícitamente obtenidos».
«En el lado positivo podríamos decir que tenemos capitales en Ecuador, pero aquellos bien habidos, pero ¿qué está pasando con los temas de corrupción? Simplemente que la delincuencia va cambiando y ya no va abrir la cuenta a nombre suyo porque está prohibido, pero, va a buscar testaferros, constituir otro tipo de empresa, o compañías donde no aparezca como el beneficiario», indicó.
«¿Qué es lo que está pasando?», cuestionó para asegurar que no es que la corrupción está terminando sino que «simplemente van buscando nuevas formas de ocultamiento» lo que a su juicio dificulta las investigaciones y poder establecer cómo realmente están operando.
Salazar advirtió que en ese sentido los países deben ser «muy cuidadosos» y opinó además que si las jurisdicciones o estados no quieren tener en sus fronteras dinero producto de la corrupción, «debemos cooperar, entregar la información, tratar de ajustar legislaciones a fin de conocer el verdadero origen y sobre todo el beneficiario final de esos fondos que llegan al país».
Entre los casos que Salazar tuvo a su cargo como fiscal investigadora antes de ser designada fiscal general figuran las relacionadas con la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, y por la que en 2018 el exvicepresidente Jorge Glas fue condenado a seis años de prisión por un delito de presunta asociación ilícita, que él ha negado..
Además, el denominado caso FIFAGate, por el que el expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, tuvo que renunciar a ese cargo en marzo 2016 y fue sentenciado a diez años de prisión por lavado de activos, aunque luego la justicia redujo su condena a seis años de cárcel.
Este fue un caso que citó como ejemplo de cooperación de EE.UU., Paraguay y Uruguay.
Entre las medidas que ha tomado Ecuador para lidiar con casos como el lavado de dinero destacó también que a partir del 2014 el país incorporó nuevas técnicas de investigación como la cooperación eficaz de testigos, las interceptaciones telefónicas y la cooperación internacional.
Mencionó el «caso sobornos» como un ejemplo de presunta corrupción que se han investigado, que involucra a funcionarios del pasado gobierno que encabezó Rafael Correa, cuyo juicio comienza el próximo 10 de febrero.
«Es una trama ce corrupción que pudimos identificar en una investigación sobre aportes legales de financiación ilícita de la campaña electoral del gobierno anterior», explicó al público.
«Llegamos a establecer que más allá de la financiación se había estructurado una organización que se encargaba de recibir dinero de personas privadas a cambio de contratos» con el Gobierno, mecanismo que dijo se extendió por más de 10 años.
«Vamos a tener por primera vez ese juicio que arranca el 10 de febrero», señaló.EFE