LIMA, Perú (AP) — Una hermética congregación católica con presencia en diversas partes de Sudamérica y Estados Unidos ha revelado bajo presión que un investigador nombrado por el Vaticano está examinando las acusaciones de que su fundador abusó sexualmente de jóvenes reclutas.
El escándalo en el Sodalicio de Vida Cristiana, o Sodalitium Christianae Vitae como también se le conoce, tiene paralelos con otros casos recientes de carismáticos líderes católicos en Latinoamérica acusados de abuso sexual.
Esta semana, el superior general del Sodalicio reveló que el Vaticano efectúa una investigación después de que dos periodistas publicaran un libro que detalla las acusaciones contra el fundador de esa sociedad de vida apostólica, Luis Fernando Figari, de 68 años.
Pedro Salinas, el autor principal y exintegrante de esa congregación religiosa, ha acusado públicamente a Figari desde 2010 de abuso físico, psicológico y sexual. Según el libro, al año siguiente tres hombres denunciaron ante un tribunal eclesiástico peruano que Figari había abusado de ellos cuando eran menores de edad.
No hay indicios de que el tribunal hubiera actuado o hecho algo, como avisar a los fiscales del gobierno. Tampoco se sabe cuándo se le informó al Vaticano.
El cardenal Juan Luis Cipriani, el arzobispo conservador de Lima con jurisdicción sobre el tribunal eclesiástico, declaró al periódico chileno El Mercurio esta semana que el caso «es lamentable y doloroso», y afirmó que «hemos actuado con absoluta transparencia y rapidez».
No se abrió una investigación penal en Perú sino hasta que a mediados de octubre se publicó el libro «Mitad monjes, mitad soldados». Sin embargo, los fiscales dicen que es casi seguro que los supuestos delitos hayan prescrito, ya que habrían ocurrido en las décadas de 1980 y 1990.
Fundado en 1971, el Sodalicio tiene presencia en escuelas e iglesias, dirige instalaciones para retiros y cuenta con filiales en Perú, Argentina, Colombia, Brasil, Chile, Ecuador, Italia y Estados Unidos. Sus integrantes son católicos seglares en su mayor parte, pero también hay clérigos, incluidos al menos dos obispos en Perú.
Después de la publicación del libro, la congregación emitió sucesivamente tres comunicados de prensa a medida que se intensificaba el clamor del público en pro de una mayor transparencia y rendición de cuentas.
En el primero, la sociedad reveló que Figari, que no es sacerdote, vive relativamente aislado en una comunidad del Sodalicio en Roma desde 2010 y desde entonces se encuentra fuera de la vida pública y de las actividades de administración interna. Cuando dejó de ser superior general, el Sodalicio sólo dijo que Figari dejaba el puesto por razones de salud.
Agregó que el actual superior general de la sociedad, Alessandro Moroni, decidió en 2014 intensificar el régimen de «oración y retiro» que cumple Figari.
El Sodalicio también señaló en el comunicado que Figari no es el único acusado: el libro dice que el segundo funcionario de mayor rango en la congregación, Germán Doig, que falleció en 2001, fue acusado de agredir sexualmente a un menor de edad. Una década después, luego de que surgieran por primera vez las acusaciones en contra de Doig, la sociedad informó que se canceló su causa de beatificación.
En un segundo comunicado emitido el 21 de octubre, el Sodalicio indicó que las acusaciones del libro son «verosímiles» y es necesario investigarlas «exhaustivamente». Dijo que había creado una comisión para escuchar quejas de otras posibles víctimas y pidió perdón.
«Nos duele y avergüenza profundamente que hechos así hubieran podido ser cometidos por Luis Fernando Figari», agregó.
La sociedad señaló que Figari insiste en su inocencia, aunque hizo notar que no lo ha declarado públicamente.
Esta semana, en el tercer comunicado, el Sodalicio reveló que el Vaticano nombró a un obispo peruano el 22 de abril para que investigue a la congregación. Tres días después, Figari partió de Lima rumbo a Europa, según versiones de la prensa local.
La coautora del libro, Paola Ugaz, dijo que ella y Salinas escribieron a detalle las acusaciones contra Figari y las enviaron en enero a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica del Vaticano. Nunca recibieron una respuesta, señaló. Pero el funcionario eclesiástico al que le escribieron, el arzobispo José Rodríguez Carballo, firmó el decreto del 22 de abril.
El escándalo es similar a uno en Chile relacionado con el padre Fernando Karadima, un sacerdote carismático al que la Iglesia sentenció en 2011 a una vida de penitencia y oración por abusar sexualmente de jóvenes. El arzobispo local no hizo nada durante años ante las denuncias contra Karadima, rehusándose a creerlas, y sólo las hizo saber al Vaticano después de que el escándalo estallara a nivel mundial en 2010.
El caso también tiene similitudes con el escándalo en la Legión de Cristo, fundada y encabezada por el fallecido sacerdote mexicano Marcial Maciel. Durante el papado de Juan Pablo II, el Vaticano ignoró durante décadas acusaciones verosímiles contra Maciel. No fue sino hasta 2006 que actuó, aplicándole la misma sentencia que a Karadima.
El obispo peruano asignado a la investigación de Figari, el padre Fortunato Pablo Urcey, de la prelatura de Chota, recibió la orden en el decreto de «verificar la real autenticidad de todas las acusaciones» contra Figari pasadas y presentes, así como de elaborar un informe completo.
Pero Urcey, secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana, dijo esta semana en una entrevista de radio que no se considera tanto un investigador, sino más bien un «visitador».
«Me gusta más el título ‘visitador’ que ‘investigador’ porque no soy investigador», afirmó, refiriéndose a su título oficial como «visitador apostólico».
Urcey no respondió los mensajes telefónicos que le dejó The Associated Press. Los esfuerzos para contactar a un portavoz del tribunal eclesiástico de Lima también fueron infructuosos. Las deliberaciones de dicho organismo son secretas.
El líder actual del Sodalicio, Moroni, dijo esta semana en una entrevista con el periódico El Comercio que conversó con el tribunal hace más de dos años sobre las acusaciones contra Figari. Las autoridades de ese tribunal «respondieron que son un órgano independiente, que no tenían que darnos ningún tipo de información hasta que tomaran una decisión», señaló.
En un artículo publicado el viernes, el coautor del libro, Salinas, exigió la destitución de Moroni y lo describió como cómplice en una cultura de abusos que, según Ugaz, incluyó un incidente en el que Figari le quemó el brazo con la llama de una vela durante aproximadamente un minuto delante de otros iniciados.
El Instituto de Defensa de los Derechos del Menor, una organización no gubernamental peruana, solicitó a los fiscales la semana pasada que investiguen a Cipriani, arzobispo de Lima y miembro de la congregación del Opus Dei, por obstrucción de la justicia.
El presidente de ese organismo, Daniel Vega, dijo que el tribunal eclesiástico jamás se comunicó con ninguno de los hombres que denunciaron a Figari ante esa instancia de la Iglesia.
«Hay una conducta recurrente del cardenal y todo su equipo de ocultar los delitos y no dar cuenta a la justicia ordinaria», afirmó.
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Nicole Winfield, corresponsal de la AP en el Vaticano, contribuyó con este despacho.