Montevideo, (EFE).- La condena de la Justicia argentina contra involucrados en el Plan Cóndor, la represión coordinada entre las dictaduras militares del Cono Sur durante los años 70 y 80, es una forma de concienciar a las nuevas generaciones para evitar ese «tipo de masacres», dijo hoy el fiscal del caso, Pablo Ouviña.
Según el fiscal, presente en Montevideo para un coloquio sobre el sistema de represión conjunta de las dictaduras militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, la importancia del dictamen emitido a fines de mayo es que por primera vez hubo un «pronunciamiento» judicial sobre lo que «ya se sabía efectivamente».
En ese sentido, Ouviña expresó a la prensa que «no es algo menor» que el asunto se haya deliberado en «un juicio oral y público, con defensores, fiscales, querellantes y jueces» en un debido proceso con «reglas muy estrictas de interpretación de la prueba».
El letrado incidió sobre la importancia simbólica que tiene el resultado del juicio después de cuatro décadas, ya que, aseveró, la sociedad puede responder de manera más activa y adquirir conciencia de que es un tema que afecta a «todos», incluso a los que pueden «no sentirse involucrados».
«Estamos hablando de hechos que afectaron a toda la humanidad, por lo tanto creo que todos estamos interesados en este tipo de juzgamiento», opinó.
El proceso en el que participó Ouviña, iniciado en 1999, resultó en penas de entre 8 y 25 años de prisión para 15 implicados por asociación ilícita para reprimir al menos a 106 personas, entre las cuales hay 45 uruguayos, 22 chilenos, 15 paraguayos, 13 bolivianos, 10 argentinos y un ecuatoriano.
Uno de los condenados fue el militar uruguayo Manuel Cordero, el único miembro de la dictadura uruguaya que pudo ser juzgado en Argentina por la causa, ya que en ese país no se pueden realizar juicios en ausencia y las extradiciones de los demás responsables fueron negadas por la Justicia uruguaya.
Muchos de ellos, como José «Nino» Gavazzo, se encuentran cumpliendo penas en Uruguay.
El fiscal dijo que «es poco probable» que «muchos de los represores sean juzgados alguna vez» dada su avanzada edad y, del mismo modo que los responsables van muriendo, también lo hacen los familiares de las víctimas y los que lucharon para llevar adelante el juicio.
En ese sentido recordó a los dos abogados que iniciaron la investigación, Alberto Pedroncini y David Baigún, quienes «no pudieron ver la sentencia de hace unos días porque murieron».
«No vamos a esperar a que muramos todos para tratar de dar respuestas. Si de manera egoísta no se quiere dar respuesta a las víctimas que ya no están y a los familiares que quedan, por lo menos que se intente dar una respuesta a las futuras generaciones para prevenir este tipo de masacres», aseguró el argentino.
«(El juicio) es una mecha que se ha prendido y esperemos que nadie le tire un poquito de agua para apagarla», ilustró el integrante del ministerio público.
En el mismo sentido se expresó Francesca Lessa, investigadora de la Universidad de Oxford, entidad que apoyó la organización del coloquio de este jueves y viernes dirigido a todo público que abordará en sus diversos paneles aspectos del Plan Cóndor en Argentina, Brasil y Uruguay.
«Cada país tiene la obligación a nivel de derecho internacional de seguir investigando los casos de crímenes que se cometieron adentro de su territorio y en contra de ciudadanos de su nacionalidad. En ese caso creo que la sentencia ‘cóndor’ fue un hecho fundamental pero es comienzo de algo que sigue para hacer», dijo a Efe Lessa.
«No hay duda que los países de la región, especialmente Chile, Argentina y Uruguay tienen la solidez institucional y del Poder Judicial para seguir investigando, así que ojalá que esta sentencia en Argentina sea un motor que permita avanzar de una forma más rápida en los otros países también», concluyó. EFE (I)