Una sentencia de 17 años y tres meses de prisión fue emitida en contra de Bolívar T. G. por delito de pornografía infantil. El hombre, de 42 años, se desempeñaba como docente en una institución educativa en Quito. Tras una investigación que duró alrededor de 13 meses, se detectó la actividad ilícita a la que se habría dedicado el profesor.
En la audiencia de juicio, desarrollada en el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, el fiscal Homero Cepeda detalló que el hombre empleó cinco perfiles falsos en la red social Facebook para intercambiar imágenes a través de las aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram.
Según el informe de los peritos, en las fotografías se identificaron a cuatro víctimas localizadas en México, Colombia y Estados Unidos. Durante la diligencia, el fiscal también presentó más de 15 testigos. Uno de los agentes relató que el ciudadano fue capturado en un allanamiento ejecutado por la Fiscalía en su domicilio, el 14 de febrero de 2017, en el sector de Los Libertadores, al sur de la capital.
También se allanó el colegio donde laboraba el presunto comerciante de pornografía. Entre los objetos incautados estuvo un teléfono celular con 31 gigas de fotografías de contenido sexual.
Las pericias realizadas al material concluyeron que más de 1.000 archivos son de pornografía infantil, informó la Fiscalía General del Estado a través de un comunicado. Este caso fue sentenciado con base en el artículo 104 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la pornografía infantil con 10 a 13 años de privación de libertad.
Para que la pena alcance los 17 años y 3 meses se aplicó la circunstancia agravante establecida en el artículo 47 numeral 11 del mismo cuerpo legal: cometer la infracción en perjuicio de niños, niñas y adolescentes.
Esta investigación contó con el trabajo coordinado en el ámbito nacional e internacional, pues intervinieron la Unidad Contra el Delito de Trata de Personas y Criminalística, ambos de la Policía Nacional, así como el Departamento de Seguridad de los EE.UU. y el personal de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional (Fedoti 2) de Pichincha. (I)
- Fuente Diario El Telégrafo