Tijuana (México)(EFE).- Varios periodistas de Tijuana, en el noroccidental estado de Baja California, trabajan bajo protección policial ante las amenazas recibidas de dos individuos que curiosamente han sido protegidos por el Gobierno federal mexicano.
Los periodistas amenazados pertenecen a la Agencia Fronteriza de Noticias (AFN), además de los reporteros locales Sonia de Anda, Odilón García y Said Betanzos.
Dora Elena Cortés Juárez, directora de AFN, explicó a Efe que resulta contradictorio que los periodistas sean protegidos por la Secretaría de Gobernación, mientras los individuos que les amenazan cuentan con respaldo de fuerzas federales.
El pasado 31 de marzo AFN publicó una breve nota con la amenaza recibida por el periodista Odilón García por parte de Iván Mariano Martín del Campo Riebeling, autonombrado presidente del «Cuerpo Diplomático Internacional de Derechos Humanos de la ONU», desconocido por el organismo internacional.
En un vídeo subido a YouTube Martín del Campo Riebeling advertía a García que no volviera a mencionarle en denuncias periodísticas porque de lo contrario iría a su casa y delante de su familia lo sacaría para «tumbarle la cabeza». También indicó lo podría matar porque dispone de las herramientas para ello, aunque dijo que no pensaba hacerlo.
Al mismo tiempo, otro individuo también protegido por el Gobierno, Mariano Soto Cortez, inició una campaña contra la directora de AFN por la noticia relativa a las amenazas a García, semejantes a las enviadas durante el último año a otros periodistas, políticos, gobernantes y esposas de estos últimos con frases obscenas y palabras altisonantes.
Tanto Soto Cortez como Martín del Campo presumían abiertamente en sus páginas de Facebook que nadie les podría hacer nada por la protección que consiguieron de la Secretaría de Gobernación.
En enero de 2017 lograron tal protección después de una huelga de hambre en Ciudad de México al asegurar que el gobernador de Baja California y su entonces secretario de Seguridad Pública les querían «matar» por las críticas que hicieron contra ambos.
Además, Martín del Campo, quien posee fuertes recursos económicos, penetró en las filas de la Policía Federal y de la Gendarmería (división de aquella) bajo el escudo de los «derechos humanos», y haciendo fuertes donativos a esas instituciones, según reconoció él mismo.
De esa manera llegó inclusive hasta las áreas de «inteligencia» de las fuerzas federales, según él mismo exhibió, pese a tener un largo historial delictivo en Estados Unidos, de acuerdo con un documento de la DEA enviado al Gobierno de Baja California.
Ello asustó a varias personas que prefirieron irse de Tijuana porque consideraron que, al estar Martín del Campo con policías federales, no le harían nada.
Fuentes federales reconocieron estar «sorprendidos» por estos dos individuos, y que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación no investigó lo suficiente.
«Se dejaron llevar por lo que (Martín del Campo) Riebeling y Soto les aseguraron, sin ser uno realmente defensor de los derechos humanos ni el otro periodista», agregó una fuente, que pidió no ser identificada.
Ambos sujetos tienen también un historial de amenazas a funcionarios, políticos, periodistas y hasta ciudadanos, alardeando del apoyo federal que consiguieron.
También trascendió en su momento que amenazaron a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California, Melba Adriana Olvera Rodríguez, porque no atendió a Martín del Campo.
En el caso del periodista Dora Elena Cortés Juárez, a raíz de las publicaciones que hizo sobre la trayectoria y el apoyo federal que de ambos, recibió una amenaza de muerte que incluía también a Odilón García.
La amenaza estaba firmada por el cártel que opera en esta ciudad (CTNG), el cual a las pocas horas rechazó la autoría.
El pasado 6 de abril, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó que, «ante las amenazas recibidas por varios periodistas en el estado de Baja California, las autoridades de esa entidad federativa deben brindarles las garantías necesarias para su ejercicio profesional, así como investigar el origen de las mismas, dar con los responsables y presentarlos ante la justicia».
Dora Elena Cortés, con más de cuatro décadas de ejercicio periodístico en Baja California y ganadora del Premio Nacional de Periodismo 1994 por la investigación del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, comentó que no solo los narcotraficantes y gobiernos amenazan y atacan a periodistas.
«También existe un gran riesgo con personajes que, como en este caso, se mueven dentro de la impunidad y que además de contar con recursos ilimitados, como es el caso de (Martín del Campo) Riebeling, se protegen de manera oficial, y extraoficial, con los recursos del propio Gobierno mexicano, lo cual les hace más peligrosos», apuntó.
Agregó que resulta preocupante que ahora los periodistas en Tijuana tengan que trabajar bajo protección policial porque el Gobierno mexicano no es capaz de garantizar la seguridad y la posibilidad de realizar el ejercicio periodístico sin que se ponga en peligro la vida. EFE (I)
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