Las ONG Fundamedios, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y CPJ Américas rechazaron hoy los argumentos que dieron los gobiernos de Ecuador y Colombia durante una audiencia, el jueves, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.
En un comunicado conjunto, las tres organizaciones señalan que apoyan el trabajo del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) creado por la CIDH, y «rechazan las declaraciones de los Estados de Ecuador y Colombia» porque «revictimizan a los familiares del equipo periodístico asesinado».
«Ante la CIDH, los Estados de Colombia y Ecuador faltan a la verdad y revictimizan a los familiares de los periodistas ecuatorianos«, señala un comunicado conjunto.
Los dos países dieron el jueves su versión de los hechos ocurridos en marzo y abril de este año, cuando tres integrantes de un equipo del diario El Comercio fueron secuestrados y asesinados por una disidencia de las FARC autodenominada frente Oliver Sinisterra.
La CIDH fue involucrada en el caso por los familiares ante la falta de respuestas en ambos países sobre la investigación del suceso.
«En sus alegatos los Estados no aportaron avances ni evidencia relevante en las investigaciones y, por el contrario, estuvieron dirigidos a evadir responsabilidades propias y a revictimizar a los familiares de los periodistas Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas», señalan las tres organizaciones sobre la audiencia en Washington.
Y agregan que «la falta de voluntad de los dos Estados ha acarreado un serio retroceso y, ocho meses después de los hechos, todavía discuten sobre el lugar donde ocurrió el secuestro«.
Ecuador insistió en que tanto el secuestro como el asesinato se produjo en territorio colombiano, mientras que Colombia defendió que el secuestro fue en el lado ecuatoriano de la frontera.
El Gobierno colombiano aseguró además en su testimonio que el equipo periodístico fue asesinado porque el Ejecutivo ecuatoriano se negó a canjear a los reporteros por tres personas que tenía bajo su custodia.
«Nosotros concluimos que el homicidio no ocurre por su función como periodistas», explicó la directora nacional contra el crimen organizado de la Fiscalía General colombiana, Claudia Carrasquilla.
Sin embargo, en abril, la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) de Ecuador ya había dicho que las autoridades ecuatorianas habían valorado la posibilidad de efectuar un canje.
La CIDH, que sigue de cerca el caso, acordó con los Gobiernos de ambos países la creación del llamado ESE para dar asesoramiento y apoyar a los Estados en sus investigaciones, así como para velar por los intereses de los familiares de las víctimas.
Otro de los problemas que ven los familiares es que el equipo acabará sus funciones el 31 de diciembre porque tanto Colombia como Ecuador han rechazado renovarle el mandato. EFE
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