Asociación de Periodistas rechaza confiscación a medios nicaragüenses

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (d), y su vicepresidenta, Rosario Murillo (i), participan en la celebración del 39 aniversario de la revolución popular sandinista hoy, jueves 19 de julio de 2018, en la Plaza de la FE, en Managua (Nicaragua). Miles de simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) acudieron hoy a la Plaza de la Fe, al norte de Managua, para celebrar el aniversario 39 de la revolución popular que derrocó al dictador Anastasio Somoza Debayle. Portando banderas rojinegras, y en menor cantidad el pabellón azul y blanco de Nicaragua, una multitud acudió a celebrar, pero, sobre todo, para apoyar al presidente Ortega, quien vive su peor momento en 11 años de mandato, debido a que organizaciones humanitarias y Gobiernos lo consideran responsable de la crisis que ha dejado más de 351 muertos en 3 meses. EFE/Jorge Torres

La Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN) condenó hoy la “confiscación de los bienes” de un grupo de medios críticos con el Gobierno del presidente Daniel Ortega, en el marco de la crisis que vive el país desde abril con saldo de centenares de muertos y detenidos.

“APN condena enérgicamente la acción confiscatoria de los bienes de Esta Semana, Esta Noche y Confidencial, de propiedad privada y dirigidos por el periodista Carlos Fernando Chamorro”, señaló ese organismo en una declaración.

“Estas acciones son la verdadera cara del proyecto socialista Orteguista que tratan de someter los derechos ciudadanos al capricho de la nueva dictadura paramilitar”, agregó.

La Policía de Nicaragua allanó y se tomó por la fuerza el edificio donde funcionan las revistas digitales Confidencial y Niú, y los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche, que, al parecer, según su director Chamorro, el Gobierno las quiere vincular con el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco).

Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997), fue director de la ONG Cinco, a la que el Parlamento quitó la personalidad jurídica. Sin embargo, sus oficinas quedan en otro lugar distinto a la sede donde funcionan las revistas digitales.

Además del grupo de medios, en el edificio funciona la consultora Cabal, que dirige Desirée Elizondo, esposa del periodista.

Chamorro, galardonado con el IV Premio Casa América Catalunya a la Libertad de Expresión en Iberoamérica en 2009, y en 2010 con el premio María Moors Cabot, reclamó este sábado a las autoridades por el allanamiento de sus empresas y calificó la ocupación del edificio como una “confiscación”.

Su reclamo lo llevó hasta la sede de la Policía, donde agentes antidisturbios golpearon a periodistas y fotógrafos que cubrían esa denuncia.

“Llamamos al periodismo digno y valiente a cerrar filas contra todos estos atropellos a la libertad de expresión y unirnos en el pensamiento del mártir de las libertas públicas, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal”, abogó la APN.

Ese organismo gremial también condenó el despojo de la personería jurídica y “asalto” contra nueve organismos de la sociedad civil, a los que el Parlamento, controlado por el oficialismo, ilegalizó.

“Estas acciones del régimen de Daniel Ortega confirman lo que APN ha venido denunciando desde que retomó el poder Ortega (en 2007) de atropellar las libertades públicas y los más elementales derechos de nuestra Constitución”, continuó.

Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Ortega y un saldo de entre 325 y 545 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de “golpe de Estado”.

Las manifestaciones contra Ortega y Murillo se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario. EFE (I)

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