La difícil lucha por una prueba de COVID-19 en Quito

Jorge Yunda, Alcalde de Quito. Foto tomada de ServiAeroQuito.

El coronavirus parece haberse cebado con dos familias de Quito, cada una de las cuales denuncia 17 contagios entre sus miembros, que no han podido verificar puesto que acceder a una prueba de COVID-19 está siendo para ellos toda una odisea.

Se trata de familias de bajos recursos de los barrios de El Condado y Carapungo, en el norte de la ciudad, que aseguran presentar síntomas de COVID-19 y haber apelado repetidamente a las autoridades, hasta ahora sin éxito.

En declaraciones a Efe, Nicol Márquez, de El Condado, afirma tener sintomatología del virus, al igual que su esposo que ha perdido el gusto y el olfato y está en una situación más grave.

Una doctora que lo atendió en un centro de especialidades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), «ni siquiera revisó cuando se enteró de que tenía fiebre más de cuatro días» y se limitó a expedir una solicitud para la prueba, pero «ya han pasado 10 días y nadie ha llamado», denuncia la mujer.

En una visita posterior a un hospital del IESS, le realizaron una tomografía y los doctores determinaron que el pulmón estaba afectado, indicó Márquez al lamentar que en aquella ocasión tampoco le tomaron el test de COVID-19 y les dijeron que no había camas disponibles.

SATURACIÓN HOSPITALARIA

El problema de la saturación hospitalaria en la capital ecuatoriana, donde hay registrados 4.650 casos de contagio, ha sido reconocido por las autoridades, aunque también afirman que hasta el jueves había disponibilidad de 48 camas, de un total de 730.

En las unidades de cuidados intensivos (UCI) existen 234 camas, de las cuales una decena se encontraban disponibles, según un miembro del Comité de Operaciones de Emergencia (COE).

Quito entró en una fase inicial de desescalda el 3 de junio y desde entonces ha acumulado más de 780 contagios.

Angustiada, Márquez afirma que tanto ella, como su marido, hijo, suegros y cuñado, que viven en la misma vivienda, sufren los síntomas de la enfermedad, que en todo el país ha afectado a 45.778 personas y se ha cobrado las vidas de 3.828.

Pero no acaba ahí el drama de esta familia, porque otros once miembros, todos ellos en casas contiguas, podrían encontrarse en la misma condición.

Desde que comenzó la pandemia, las autoridades han dispuesto una línea telefónica especial para el COVID-19.

Sin embargo, censura la mujer, «nos dijeron que por la cantidad de personas debíamos llamar al 911 y ellos, a su vez, contestaron que no estaban autorizados» a tratar estos casos.

No ha sido hasta este miércoles que miembros del Ministerio de Salud acudieron al domicilio para verificar la situación.

«Solo nos tomaron la pulsación y nos recordaron las medidas de higiene que debemos realizar y nada más», relató Márquez entre sollozos por la muerte por coronavirus, el mismo día de la entrevista con Efe, de una familiar política de su marido.

En el núcleo familiar de la fallecida, que reside en el mismo entorno, se ha llegado a confirmar un caso de COVID-19 porque entre todos reunieron dinero para poder hacer una prueba en un laboratorio privado.

CASO SIMILAR

A este caso se suma otro similar en circunstancias y número, el de la familia Cuesta, del barrio de Carapungo.

También ellos llamaron al ECU-911 y la respuesta fue que acudirían especialistas, pero hasta ahora continúan sin ayuda, mientras que en la línea 171, del COVID-19, nadie les ha respondido.

Entre los posibles afectados en este caso, figura un bebé de tres meses, una niña de tres años y uno de siete. Entre los adultos tres acudieron a un hospital cercano, donde uno de ellos fue internado porque su estado era grave y luego se confirmó el positivo.

«Dijeron que no tienen pruebas, ni siquiera quisieron hacer el seguimiento», afirma a Efe Ibeth Cuesta, representante de la familia, después de que la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) denunciará su caso.

La situación de esta familia, que ha recurrido a tratamientos caseros para afrontar el virus, se ve agravada también por la falta de trabajo, y el no poder salir a comprar alimentos para no contagiar a sus vecinos.

REACCIÓN DE LAS AUTORIDADES

Ecuador está en emergencia sanitaria desde hace casi tres meses, período en el que se han registrado varios casos de contagios familiares masivos o casos tan dramáticos como el de la periodista guayaquileña Paulina Carvajal quien, también por falta de atención a tiempo, perdió a sus padres, esposo y hermano en apenas cinco días.

Guayaquil vivió un auténtico drama entre marzo y abril, cuando colapsaron su sistema de salud y servicios fúnebres por miles de positivos y fallecimientos.

En una entrevista con Efe, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, aseguró que no se prevé una situación parecida en la capital ecuatoriana.

Consultados por Efe por el caso de las dos familias de Quito, la Secretaría Metropolitana de Salud dijo que el próximo lunes realizarán pruebas de COVID-19 a la familia Márquez y contactarán con los Cuesta para coordinar la ayuda.

Asimismo, la Secretaría de Inclusión Social del Municipio, que entrega donaciones a personas vulnerables, analizará sus casos para brindarles alimentos.

Ni el Ministerio de Salud ni el ECU-911 se han pronunciado sobre los casos al ser consultados por Efe. EFE

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