Pocas semanas atrás, manifestaciones espontáneas y masivas irrumpieron en muchas ciudades de Argentina. Ciudadanos comunes salieron a la calle autoconvocados a través de las redes sociales para expresar su malestar por varias decisiones del Gobierno. La más importante, el proyecto de reelección de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner —se trataría de modificar la Constitución, ya que el tercer mandato no está permitido—. También querían enfatizar su desaliento ante una inseguridad creciente y de la ausencia de una política de protección a los ciudadanos.
Los monopolios en medios de comunicación no favorecen el debate democrático. Impulsar el pluralismo es legítimo. Pero en Argentina el peligro es que el pluralismo se encoja, no que se amplíe. Legislar con medidas diseñadas contra medios o grupos específicos, y anteponer las decisiones administrativas a las judiciales, supone caer en la arbitrariedad y el autoritarismo. La ofensiva desde el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner contra el Grupo Clarín —el mayor de Argentina— busca claramente silenciar una plataforma independiente y crítica que el poder actual —frente a la situación reinante con Néstor Kirchner— considera como su mayor enemigo.
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