Durante los últimos años he sido testigo de lo fácil que es gobernar cuando un partido que ha tomado el poder acoge a rajatabla aquella lejana doctrina totalitarista pregonada por Rousseau: “la voluntad general siempre debe prevalecer frente a la particular”. A raíz de dicha máxima, durante el siglo XX se justificaron cualquier cantidad de regímenes autócratas disfrazados con una capa democrática que supuestamente los legitimaba para tomar cualquier decisión, sin importar qué tan restrictiva de libertades sea, siempre que beneficie a las grandes mayorías que apoyan sus decisiones, más que porque éstas realmente entiendan las razones y consecuencias de las decisiones del poder.
El presidente del Consejo Nacional de Elecciones (CNE) –un exministro del presente Gobierno y ex asesor de uno de los gobiernos de la denostada partidocracia– ha hecho una serie de declaraciones en una reciente entrevista con El Comercio que son de suma trascendencia para el proceso electoral. Una de ellas es que ni él ni los miembros del CNE conocían de las denuncias que meses atrás habían hecho dos partidos sobre la existencia de firmas falsas. Esto sorprende, pues, las denuncias se hicieron de forma pública y causaron escándalo.
Los ecuatorianos creímos ya haber sido testigos de todas las patrañas posibles que los actores de nuestra arena política podían utilizar para levantarse con el poder. En nombre de la gobernabilidad y escudados en extraños preceptos de democracia se han utilizado componendas, reparticiones de cuotas de poder, entrega de aduanas y de la empresa petrolera nacional, distribución de las cortes de justicia, compra de votos en la asamblea, embajadas, cargos burocráticos, etc. Así es como tradicionalmente se ha conservado la mal entendida constitucionalidad por quienes sustentado los poderes políticos necesarios han impuesto al país su propio entendimiento de democracia.
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