Voy a repetir aquí que nunca he sido partidario del ex presidente León Febres Cordero, que por el contrario siempre fui un crítico de sus acciones, y que si alguien propusiera decidir en referéndum si debiera erigirse o no un monumento en su memoria, muy probablemente yo votaría en contra. Y seguramente se debe a eso (al rechazo que siempre sentí a la forma abusiva de manipular la justicia para irrespetar el derecho a los demás) el repudio que he sentido ahora a la resolución de ese juez, dictada en un cuartel policial, en el que se acoge la acción presentada por un grupo de partidarios del gobierno actual para impedir la colocación del monumento del ex presidente, ex alcalde de Guayaquil, y varias veces diputado del Guayas, en el barrio de Las Peñas.
El 15 de febrero de 2012, en un teatro montado ante el máximo tribunal del país, se ha ratificado el golpe más grotesco que cualquier presidente haya atestado contra la libertad de expresión y las garantías judiciales en Ecuador, al menos desde que volvimos a la democracia. Luego de una audiencia asediada por la fastuosa comitiva del gabinete presidencial, en un edificio sitiado por manifestantes que cumplieron la consigna del Mandatario de estar al pie del cañón, porque ese día, sea como sea, tenían que salir con una resolución, la Corte Nacional de Justicia decidió regalarle al Presidente Correa 40 millones de dólares a cambio de 3 líneas de un artículo de opinión.
He tratado de entender toda la mañana, desde que me enteré de la llegada a Quito de Baltasar Garzón para asistir a la posesión de los nuevos magistrados de la Corte Nacional de Justicia, el por qué un hombre del prestigio del juez español pueda prestarse a refrendar con su presencia un acto de las características que estamos presenciando. Yo pensé, después de seguir con preocupación el juicio que se sigue en su contra en España, y de constatar que Garzón solo ha estado en el Ecuador un par de días, que iba a excusarse de la veeduría a la que se había comprometido.
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