Hace tres días, por vía interpuesta, el Gobierno de Ecuador ofreció a ‘La Verdad’ una entrevista con el presidente Correa con motivo de su visita a la Región. Con el argumento de que su estancia sería breve, la única opción era realizarla a través de un cuestionario, por tanto sin posibilidad de repreguntar. Aceptamos el ofrecimiento por su interés informativo, y no solo para los más de 47.000 ecuatorianos que viven en la Región, con la condición de que respondiera a dos preguntas sobre sendos temas polémicos. Una sobre las protestas indígenas contra los acuerdos de explotación minera de Correa con China. Y la otra sobre la condena a 40 millones de dólares y tres años de cárcel a tres periodistas del diario ‘El Universo’ por una querella del propio Correa en lo que ha supuesto uno de los mayores ataques contra la libertad de prensa en Hispanoamérica.
En días anteriores, miles de servidores públicos fueron obligados a renunciar de sus puestos de trabajo, sin seguir el debido proceso contemplado en la Ley de Servicio Público; el presidente Correa ha acusado de corrupción, sin pruebas, a los despedidos. Para tomar esta medida, a todas luces ilegal, el presidente ha manifestado que infiltró a agentes de la inteligencia policial en donde laboraban los despedidos. Las voces de protesta no se dejaron esperar, la asambleísta Nívea Vélez ha señalado: “Es terrible que primero se despida a la gente y luego sean agredidos para justificar este acto”, el general Paco Moncayo se unió a las críticas y calificó a esa medida “de inhumana, ilegal y arbitraria”.
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