Voy a tomar el nombre del clásico de San Agustín, “Confesiones”, para narrar una historia que he recordado mientras escuchaba, el miércoles, al asambleísta Mauro Andino argumentar, en el segundo debate sobre la Ley de Comunicación, una idea que había escuchado ya en boca del Canciller Ricardo Patiño durante su reciente intervención en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington: que la principal causa de censura a los periodistas no es provocado por el gobierno sino por los propios dueños de los medios de comunicación “en defensa de sus intereses”. Y yo, que durante treinta años he trabajo en periódicos y canales de televisión, quiero compartir con ustedes una vivencia que ilustra, creo, bastante bien, la situación a la que ambos funcionarios se refieren.
El círculo se va cerrando. Galo Chiriboga, el abogado del Presidente de la República en un pasado reciente, su ministro y embajador, y cuya candidatura ha defendido el Gobierno con entusiasmo, va a posesionarse en las próximas horas como Fiscal General de la Nación. ¿Que debe existir independencia entre la Fiscalía y el Ejecutivo? Esas son pamplinas. El propio Presidente nos ha explicado, según he podido leer en El Ciudadano, que en los Estados Unidos, el Presidente nombra directamente al Fiscal y que solo aquí, argumenta, se intenta que este sea un enemigo del Gobierno.
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