Cuando me lo contaron no lo podía creer. Es que yo nunca escucho ni veo las constantes cadenas del presidente Rafael Correa, porque ya se sabe, aparte de atacar a todos quienes se atreven a contradecirlo, en sus largos monólogos prácticamente no hay nada más. Aún así, me sorprendió mucho cuando me dijeron que el 10 de agosto, cuando debía presentar al país su informe anual de labores, el presidente dedicó la mayor parte de su discurso a lanzar advertencias y amenazas. La más terminante de las cuales fue la de que nadie debe andar averiguando lo ocurrido el 30 de septiembre de 2010. Es decir que el 30-S debe ser un tema del gobierno, por el gobierno y para el gobierno.
Tengo muy pocas dudas de que el principal responsable de lo que ocurrió el 30 de septiembre fue Rafael Correa. Que existió una conspiración para secuestrarlo es una tesis tan deleznable que se desbarata cuando se reflexiona que nadie podía prever que el Presidente de la República iba a llegar esa mañana al Cuartel de la Policía a discutir personalmente con la tropa sublevada. Todo ese trágico día se pudo evitar si el Presidente se quedaba en el Palacio de Gobierno. E incluso antes, si el Presidente hubiera respetado la decisión de la Asamblea, que había aprobado por consenso, después de intensas negociaciones, una ley de servicio público a la que no se hubiera llegado sin los votos de Alianza PAIS. Yo creo que el reclamo de los policías sublevados era justo.
Desde 1992, desde el gobierno de Sixto Durán-Ballén, el Ecuador ha tenido ocho presidentes. De esos gobiernos, el actual es el que, de lejos, más deuda externa ha contratado. Para llegar a esa conclusión, se puede sumar los «desembolsos efectivos» que, según el Banco Central, recibió el sector público del exterior durante cada gobierno. Para el gobierno actual, adicionalmente, hay que sumar todos los préstamos externos que están comprometidos y que, normalmente, deberían llegar en lo que resta del período.
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