Por su harta repetición en los medios de prensa en estos últimos días, se conocen los artículos de la Constitución venezolana que prescriben el modo en que han de conducirse los trámites institucionales para la asunción al mando presidencial del candidato electo para la primera magistratura en ese país, o sea, en este caso, el reelecto Hugo Chávez.
Solo Dios sabe si Chávez será llamado a rendir cuentas póstumas en fecha próxima, pero sus posibles herederos políticos ya han trabado conflicto sobre la sucesión de la banda presidencial, posesión de incalculable valor en una economía que depende casi exclusivamente del petróleo, recurso manejado por el Estado. Si Chávez no se posesiona hasta el 10 de enero, quienes se sienten ungidos para continuarlo al más puro estilo monárquico, no parecen estar dispuestos a convocar a nuevas elecciones, como manda la Constitución. Es que en ese tipo de economías los contratos más jugosos y los negocios más importantes los administra el Gobierno sin competencia, con todo lo que eso trae consigo cuando en la práctica desaparece la autonomía judicial y legislativa, instituciones que conservan apenas su fachada democrática como tapadera de un trasfondo dictatorial.
Según Cilia Flores, Procuradora General de Venezuela y “compañera” del vicepresidente Nicolás Maduro, mañana, 10 de enero, fecha prevista por la Constitución para la posesión del cargo de Presidente de la República, será un “día normal” a pesar de la inasistencia de Hugo Chávez a la ceremonia ordenada por ley. En un nuevo y descarado acto de manipulación constitucional, la Procuradora declaró que habrá “continuidad del gobierno completamente, del Estado como un todo, de todos los poderes y principalmente del Poder Ejecutivo con todo su equipo, el presidente Hugo Chávez seguirá al frente, todos los ministros, el vicepresidente y todos los directores”.
Entretanto,
D.R. ©® La República EC. Todos los derechos reservados.