La saga judicial de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, se agravó ayer con la decisión de Ecuador de otorgarle “asilo diplomático” en su Embajada en Londres, y la previa amenaza del Gobierno británico de sacarle por la fuerza en virtud de la legislación local, una acción extrema de difícil encaje en el derecho internacional para un caso como este. Pese a todo, y en medio del enredo judicial y diplomático, conviene recordar que, pese a alguna de las afirmaciones del Gobierno ecuatoriano, el país que reclama al activista australiano no es una dictadura, sino Suecia, y el motivo no se refiere a la libertad de expresión o a la filtración de documentos secretos de EE UU, sino a una investigación por supuestas agresiones sexuales.
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