Ecuador. lunes 18 de diciembre de 2017
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Octubre Rojo

María Fernanda Egas
Miami, Estados Unidos

Parece que es tiempo de cosechar tempestades en el gobierno de la revolución ciudadana de Ecuador, donde el presidente ha amenazado con renunciar a su propio partido político, acusando de traición a unos cuantos asambleístas de la mayoritaria bancada gobiernista.  Ellos pretendieron votar siguiendo su conciencia -pero contra el parecer presidencial- ante la propuesta de despenalizar el aborto. Esta es apenas una de las señales claras de que la intolerancia y el autoritarismo del primer mandatario han llegado hasta el tuétano de la política nacional. De que las traiciones que reclama no deben impedir ver los principios y las promesas que él mismo ha traicionado.

María Fernanda Egas
Miami, Estados Unidos


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Parece que es tiempo de cosechar tempestades en el gobierno de la revolución ciudadana de Ecuador, donde el presidente ha amenazado con renunciar a su propio partido político, acusando de traición a unos cuantos asambleístas de la mayoritaria bancada gobiernista.  Ellos pretendieron votar siguiendo su conciencia -pero contra el parecer presidencial- ante la propuesta de despenalizar el aborto. Esta es apenas una de las señales claras de que la intolerancia y el autoritarismo del primer mandatario han llegado hasta el tuétano de la política nacional. De que las traiciones que reclama no deben impedir ver los principios y las promesas que él mismo ha traicionado.

En octubre el país entero observó atónito cómo el primer mandatario se negó a recibir a cerca de 60 mujeres amazónicas, la más pura encarnación de la Pacha Mama, que salieron de las entrañas de la selva, caminaron cinco días con cerca de 30 niños casi desnudos hasta Quito, para pedirle al presidente que no explote las reservas petroleras bajo el Yasuní, que ahí hay vida, secretos ancestrales, y que ellas que son sus más férreas guardianas lo habitan. Pero técnicamente se hizo el loco, carente de un mínimo de consideración les comunicó que las podría recibir en Shushufindi, a 400 kms de distancia, adonde él llegaría muy cómodamente luego de recibir con honores y sonrisas en Carondelet a la selección de fútbol de Ecuador recientemente clasificada al mundial de fútbol.

Mientras humillaba así a los pueblos indígenas que tanto decía defender ante el país y el mundo, los preparativos para la explotación del Yasuní siguen avanzando. Rápidamente nos hicieron borrón y cuenta nueva para olvidar los 5 millones de dólares y dos años de intensa promoción de la iniciativa conservacionista para recaudar 3.600 millones de dólares de la comunidad internacional a cambio de mantener 846 millones de barriles de petróleo bajo el suelo del Yasuní. Hasta la fecha no explican cómo emprendieron tan cara cruzada mientras realizaban reuniones con posibles inversionistas para la explotación del crudo, estudios de sísmica y construían carreteras. Los grupos conservacionistas que otrora se rasgaban las vestiduras por el presidente que dejaría el petróleo bajo tierra, hoy recogen firmas para una Consulta Popular que intenta frenar las intenciones del presidente extractivista.

A más de los indígenas y conservacionistas, este régimen que dice profesar el socialismo siglo XXI ha debido sentir la indignación del cuerpo médico. Luego de que el presidente anunciara la importación de médicos cubanos, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) que expidió la Asamblea Nacional caldeó por completo los ánimos de los galenos. Desnaturalizado y criminalizador, este código ha motivado que los médicos a lo largo y ancho del país hayan colgado sus mandiles en señal de protesta por considerar ser los próximos perseguidos y privados de su libertad por juicios de mala práctica médica.  No exageran, ya que la justicia correísta ha judicializado antes de este nuevo código por delitos de terrorismo, intentos de desestabilización, e injurias a más de 200 indígenas, opositores políticos, estudiantes, maestros y periodistas.

Siguiendo con las señales de humo rojo, el régimen verde inauguró la Superintendencia de Información del Ecuador, un verdadero órgano de censura, para cuya finalidad fue posesionado uno de los tres candidatos del gobierno. A pesar de tener varias impugnaciones a su idoneidad, Carlos Ochoa era el seguro ganador por su reconocida pleitesía al presidente.  A pocos días de inaugurado en el cargo y sin Reglamento aún, ya aceptó proceder con el análisis de demandas a los pocos medios de comunicación no afines al régimen que han sobrevivido hasta ahora con gran dificultad a la cancerbera Ley Mordaza.

Pero la temporada de tempestades no solo se ha iniciado casa adentro. Simultáneamente, un juicio por extorsión y asociación para delinquir (RICO por sus siglas en inglés) se lleva a cabo en Nueva York y el gobierno parece muy preocupado por encontrar justificaciones desde antes de que se dicte una sentencia.  Desde el 15 de octubre se encuentran declarando los abogados que demandaron a Chevron y obtuvieron en el 2011 en la corte ecuatoriana de Lago Agrio una sentencia por 19 mil millones de dólares.

Chevron pretende demostrar que la sentencia en Ecuador fue lograda mediante una serie de acciones fraudulentas en connivencia con las autoridades ecuatorianas. Más allá de lo que pueda resolver el juez de esta corte, y del patriotismo obligado que el gobierno ecuatoriano ha impuesto a todos sus ciudadanos, lo que ha quedado en evidencia es la metida de mano en nuestro sistema judicial, y al que el abogado demandante principal, el estadounidense Steve Donziger desprecia en sus declaraciones como sucio y corrupto, intentando excusar su incumplimiento de una ley que impide a todo abogado estadounidense realizar prácticas de soborno en cualquier lugar del mundo. Sumado a la sentencia de la Corte de la Haya de 19 mil millones de dólares por haber violado el convenio suscrito entre las partes en 1998, se ve venir el efecto bumerán del caso Chevron para el gobierno de Ecuador.

Fue apenas un día antes del inicio de la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que la Asamblea Nacional aprobó el COIP, en el que se incluye la tipificación de los delitos del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esto fue considerado por el GAFI apenas como buenas intenciones, y dijo al Ecuador vuelvan el próximo año. Mientras tanto, el país seguirá en la lista negra. Precisamente por no cumplir con las leyes contra el lavado de dinero el Ecuador fue obligado a vender el Pacific National Bank, el único banco ecuatoriano que tuvo licencia para operar en los Estados Unidos. Con un promedio mensual de 45 millones de dólares en operaciones injustificadas bajo las leyes de lavado de dinero, el “banco banco” perdió su licencia para operar, y estas ya no se expiden más. Con un inexplicable optimismo se anunció en estos días el acuerdo para su venta.

En estos días cuando siguen aumentando los asilos políticos de ecuatorianos disidentes, las denuncias y distanciamientos de los propios hermanos del presidente, y las mujeres amazónicas regresan a la selva sin esperanzas, seguras de que el Ecuador está pasando el peor momento de su historia, pienso que octubre es desde ya un mes inolvidable. Un octubre rojo.