Ecuador. sábado 16 de diciembre de 2017
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Fundamedios denuncia represalias del Gobierno a críticos

Quito, 28 jun (EFE).- La organización ecuatoriana Fundamedios denunció hoy siete casos de ciudadanos que aseguran sufrir violaciones de sus derechos por haber revelado supuestos casos de corrupción que involucran a funcionarios públicos o haber sido críticos con la gestión del Gobierno de Ecuador.


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Entre los denunciantes hay un estudiante, un comunicador, las esposas de dos políticos, un asambleísta y representantes de un grupo de condenados por colocación de bombas y de otro sentenciado por tomar la Gobernación de la provincia de Cotopaxi.

En una conferencia de prensa, dijeron que han sufrido la persecución del Gobierno por discrepar de las políticas del Ejecutivo, por ser críticos y por pensar de diferente manera, y varios de ellos aseguraron que se les vigila, que reciben amenazas telefónicas y que temen por su seguridad.

El Gobierno, por contra, ha asegurado siempre, en estos casos, que “no persigue a personas” sino “los delitos” y que quienes se dicen perseguidos han sido sometidos a la Justicia por estar involucrados en asuntos relacionados con la violación de leyes.

Los denunciantes son Ramiro Vinueza, coordinador de las familias de “Los 10 de Luluncoto”, un grupo de jóvenes condenados por colocar bombas; Alexandra Vallejo, esposa del político Diego Vallejo, condenado por asociación ilícita y tenencia ilegal de armas y Vanesa Castelo, esposa del también político Fernando Balda, condenado por injurias.

También figura el estudiante Francisco Endara, acusado de sabotaje y terrorismo por su actuación el 30 de septiembre de 2010, cuando se produjo una protesta policial por temas salariales, que derivó en una revuelta; Paúl Jácome, integrante de un grupo conocido como “Los siete de Cotopaxi” y sentenciado a un año de prisión por sabotaje y terrorismo.

Junto a ellos, el comunicador Fernando Villavicencio y el asambleísta Clever Jiménez, igualmente condenados por presentar una denuncia en contra del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, por los hechos ocurridos el 30 de septiembre.

Villavicencio declaró que las autoridades ecuatorianas practican el espionaje, como demuestran reportes en los que se acredita el acceso a su correo electrónico y el de otras personas.

Alexandra Vallejo, por su parte, indicó que su familia ha recibido notas amenazantes y responsabilizó al Gobierno “de cualquier cosa” que le pudiera ocurrir a su esposo, a sus hijo o a ella misma.

El director de Fundamedios, César Ricaurte, dijo que todos estos casos representan el “espíritu intolerante” del Gobierno ecuatoriano, que “no tolera las críticas” y señaló que los denunciantes estudian la posibilidad de constituir una “plataforma” de “víctimas” de violaciones de derechos humanos del Gobierno. EFE