Ecuador. martes 12 de diciembre de 2017
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La afiliación de las amas de casa: el último gran tema legislativo del año

Asambleísta Betty Carrillo, presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional. Foto de Archivo, La República.

El informe sobre el Proyecto de Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo del Hogar fue aprobado el lunes pasado, por la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional.


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Dos fueron los temas cruciales durante el debate para aprobar el informe informe: la aclaración de que no se castigará con multas por mora a las amas de casa que dejen de aportar a la Seguridad Social y la inclusión de las personas con discapacidad dentro de la figura del despido nulo, que fue un pedido del Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis). Ocho votos a favor, dos en contra y una abstención dieron nacimiento al informe.

El siguiente paso es que el Consejo de Administración Legislativa establezca fecha para el primer debate del proyecto de Ley. Entre otros temas, la futura Ley eliminaría el contrato a plazo fijo, impondría límites para las remuneraciones de los gerentes, incorporaría la afiliación de las amas de casa que reciben el bono de desarrollo humano con un aporte del 2 dólares. También establecería el despido ineficaz para mujeres embarazadas y dirigentes sindicales, así como fijaría un límite de hasta 24 salarios básicos para el pago de utilidades a los trabajadores, tema que ha sido especialmente criticado por las personas que trabajan en las telefónicas.

Según informó Diario El Universo, la presidenta de la Comisión, Betty Carrillo, admitió que en la mayoría de artículos se hicieron cambios de forma. La legisladora manifestó que respecto de la seguridad social, la afiliación de las amas de casa no será obligatoria y no habrá mora ni sanción en caso de que se deje de pagar los aportes.

El periódico guayaquileño también informó que hubo una propuesta en la Comisión para que el límite para los utilidades sea solo en relación al 10% y no para el 5% que se reparte a la familia del trabajador, lo cual, según Betty Carrillo, fue rechazado porque “sería una discriminación aún mayor, porque los trabajadores que tienen hijos recibirán un tratamiento y los que no tuvieran hijos, otro”.