Ecuador. viernes 24 de noviembre de 2017
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Militantes de Alianza PAIS en Guayas se desmarcan de la directiva provincial

2017-10-24-QUITO-ECUADOR. Acción de Protección interpuesta por Marcela Aguiñaga, Soledad Buendía, Carlos Viteri. APIFOTO

El pasado martes, se publicó un comunicado por una parte de la militancia Alianza País en el Guayas, que respalda la gestión del presidente Lenín Moreno y la consulta popular en contraposición con la postura de la directora provincial, Marcela Aguiñaga.


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Son 42 militantes los que suscriben el manifiesto en el que, entre otras cosas, expresan su respaldo “absoluto a la consulta popular, al Sí en las preguntas, y a las tareas emprendidas por la compañera María Alejandra Vicuña, vicepresidenta (e), supervisora del proceso, y a nuestro Gobierno”.   En el documento los firmantes demandan de sus representantes “coherencia con la posición mayoritaria de las bases del movimiento en las resoluciones adoptadas”.

Entre los firmantes se encuentran la misma vicepresidenta (e), María Alejandra Vicuña; el gobernador del Guayas, José Francisco Cevallos; el subdirector provincial y alcalde de Pedro Carbo, Ignacio Figueroa; así como los alcaldes de Playas, Miriam Lucas; de Milagro, Denisse Robles; de Palestina, Luis Palma; de Jujan, Nicolás Ugalde; el asambleísta Julio César Quiñónez, entre otros.

El comunicado se hizo público horas después de que un grupo de legisladores de PAIS, entre ellos la directora provincial en Guayas, Marcela Aguiñaga, acudiera al Complejo Judicial Norte en Quito (la mañana del martes) para interponer una acción de protección en contra del jefe de Estado, Lenín Moreno, por haber encargado la vicepresidencia a María Alejandra Vicuña.

Junto a Aguiñaga asistieron Carlos Viteri, Soledad Buendía, Sofía Espín, Ronny Aleaga, Amapola Naranjo, y la parlamentaria andina Rosa Mireya Cárdenas, quienes son contrarios a la postura del Mandatario, además de que cuestionan las preguntas de la consulta popular, sobre todo la relacionada con la postulación (reelección) indefinida.

  • Fuente Diario El Telégrafo