Héctor Yépez Martínez
Guayaquil, Ecuador
A menos de un mes de que haya iniciado su labor, una de las prioridades de la nueva Asamblea parece estar clara: consolidar el “círculo” de protección jurídica y política para que el poder pueda actuar a sus anchas. Un proceso que se ha venido consolidando a pasos firmes y en el que gobierno ha ganado casi todas las batallas.
Examinemos la situación.
El gobierno domina el Consejo de Participación Ciudadana y Función Social, titular de esa función de “transparencia” que se creó en Montecristi, con la astucia de algunos malintencionados y la ingenuidad de muchos tontos útiles. Con ello, el gobierno ha logrado tener de su lado a todas las autoridades de control. Y principalmente ha conquistado las instituciones de investigación más fuertes del Estado: la Contraloría y la Fiscalía, esta última dirigida por quien fuera abogado personal del Presidente Correa.
La otra gran fuente de impugnación política es la misma Asamblea Nacional, cuya principal tarea, aparte de legislar, es fiscalizar al gobierno. Tarea magníficamente anulada en la era de la Revolución Ciudadana. Ningún intento de fiscalización ha prosperado al margen del régimen, gracias a que todo pasa por el embudo de una comisión (apodada de “archivo”), cuya mayoría oficialista se encarga de decidir cuándo se investiga y cuándo no.
Con lo anterior, el gobierno logró blindarse de cualquier acusación proveniente del mismo Estado, pero no de acusaciones dirigidas desde la ciudadanía, la oposición y la sociedad civil, que podrían acudir a otro de los poderes estatales para combatir la corrupción: la Función Judicial. Ya sabemos qué pasó. Con la venia popular, el Presidente logró controlar institucional y abiertamente el Consejo de la Judicatura, que nombra, sanciona y destituye a todos los jueces del país. Algo, por cierto, sin precedentes en la historia ecuatoriana, que casi siempre ha sufrido una justicia politizada, pero nunca formalmente gobernada desde el Ejecutivo. Con las cortes internacionales —desde el sistema interamericano de derechos humanos hasta los tribunales de arbitraje— la estrategia ha sido distinta. Como no la pueden manipular, le dedican campañas de desprestigio, desconocen su autoridad y se libran de su jurisdicción denunciando tratados internacionales.
¿Entonces qué queda? La prensa. Si el fiscal no acusa, el contralor no investiga, el legislador no fiscaliza y el juez no sanciona, la única esperanza es que el periodista informe. La investigación periodística ha logrado, en efecto, combatir la corrupción. Gracias a algunas de sus revelaciones se ha empañado la credibilidad del régimen, forzándolo al menos a mover las instituciones bajo su mando para limpiar malos elementos. Acuérdense de Pedro Delgado o Fabricio Correa: aún siendo familiares del Presidente, la evidencia de su proceder fue tan imposible de tapar que al gobierno no le quedó más que señalarlos, apartarlos y revertir la maquinaria pública en su contra.
Frente a esa prensa el gobierno mantiene una guerra sin descanso. El Presidente Correa la ha declarado su enemigo número uno, por encima de los carteles de la droga y el crimen organizado. Algunos de los periodistas más influyentes fueron sacados de escena. El periódico más leído del país, después del amarillista EXTRA, fue condenado en un escandaloso juicio por decenas de millones de dólares. Los programas televisivos son constantemente boicoteados e interrumpidos por masivas cadenas nacionales. Todo mientras el gobierno, que critica los monopolios en la comunicación, ha logrado consolidar el imperio mediático más grande del país.
Sin embargo, el círculo de la impunidad todavía no estaba completamente cerrado. Los medios, aun siendo amenazados, perseguidos y satanizados, logran golpear de vez en cuando al régimen. Voilà. La nueva Asamblea en menos de un mes aprueba la Ley de Comunicación. En ella crea la figura de “linchamiento mediático”, que vuelve ilícita la investigación a funcionarios, y regala al Presidente el control de todas las entidades administrativas (Consejo de Regulación y Superintendencia) que sancionarán a los medios — y si los medios quieren demandar por las sanciones, eso lo resolverán los mismos jueces que también controla el Presidente.
Así, con un buen frote de manos, se termina de esculpir el escudo para la corrupción.
Mientras tanto, la Asamblea en tiempo récord aprueba una reforma a la Ley de Minería que permite repartir a dedo contratos por millones y millones de dólares, amén de que, desde el inicio de la Revolución Ciudadana, se ha utilizado a diestra y siniestra las declaraciones de “emergencia” para hacer contrataciones directas sin concurso. Y también en tiempo récord, la Ley de Comunicación obliga a que toda publicidad en Ecuador sea producida por empresas nacionales, en un mercado donde sobresalen dos de los parientes más poderosos de esta administración.
Yo pensaba que, luego de la última campaña electoral, las prioridades del Presidente y la Asamblea serían la seguridad, el empleo y el cambio de matriz económica. Pero a los políticos se los juzga por sus hechos, no por sus palabras. Y entonces queda claro que la prioridad número uno, antes de cualquier otra cosa, ha sido blindar todo ese dinero oscuro que se mueve en el negocio turbio de la corrupción.
Publicado en el blog www.realidadecuador.com