Alberto Molina
Quito, Ecuador
El 3 de mayo de 2007, el Presidente Correa creó la Comisión de la Verdad, para investigar supuestas violaciones a los DD.HH. direccionadas al gobierno de León Febres Cordero (1984-1988). Además de sus miembros titulares, se nombró un Comité de Soporte, que fue conformado por Mireya Cárdenas, quien formó parte activa de Alfaro Vive Carajo (AVC), Clara Merino y Francisco Acosta, familiares de los miembros del grupo subversivo. Este comité, a las claras, se constituyó en “juez y parte”.
La Comisión de la Verdad debió incorporar como parte del proceso de investigación los libros: “Ecuador: 1960-1990. Insurgencia, Democracia y Dictadura” del colombiano Darío Villamiza, representante del grupo subversivo M-19 y “AVC. Revelaciones y Reflexiones sobre una Guerrilla Inconclusa”, de Juan Fernando Terán, miembro activo de AVC. En estos libros se publican los testimonios, con lujo de detalles, de los miembros de AVC y otros grupos subversivos que cometieron asesinatos, asaltos, robo de armamento, secuestros, etc.
No obstante los testimonios de los subversivos; la Comisión de la Verdad en su informe formula indicios de responsabilidad contra varios miembros de las FF.AA., de esta forma se pretende acusarles de “Crímenes de Lesa Humanidad”.
Hay que recordar que los estados, a través de sus gobiernos legítimos, tienen la obligación de proteger a la sociedad de las rebeliones organizadas, armadas y apoyadas por un aparato político; haciendo uso legítimo de la fuerza para neutralizar y destruir a esas organizaciones que operan al margen de la ley; por lo tanto, los miembros de la fuerza pública cumplieron estrictamente su deber, para preservar la seguridad e institucionalidad del Estado, ante el peligro de grupos subversivos que en sus públicas proclamas amenazaban tomarse el poder por las armas.
La Corte Penal Internacional, en su Art. 7, establece que hay Crímenes de Lesa Humanidad: “Cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil con conocimiento de dicho ataque”. Los militares ecuatorianos han sido verdaderos sustentadores de la paz, del respeto a los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario; en 1992 se firmó un convenio con la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU), con el objetivo de preparar a sus miembros, en todas las jerarquías, en el respeto al ser humano en toda su dimensión, este hecho se consideró como un caso inédito en América Latina.
Visto así, resulta veraderamente descabella la acusación a varios miembros de nuestras FF.AA. de Crímenes de Lesa Humanidad, acusación que tiende a minar el prestiguio, el honor y el buen nombre de varios de sus miembros y el de las gloriosas FF.AA., institución histórica, querida, admirada y respetada por el pueblo ecuatoriano.
* Alberto Molina es coronel, en retiro, de las Fuerzas Armadas del Ecuador.