Empresarios, asambleístas, analistas y miembros de la academia coinciden en la necesidad de contar con una Ley Antimonopolio, denominada por el Ejecutivo como Ley de Control de Poder de Mercado. Pero hay dudas sobre el texto enviado a la Asamblea.
Ayer, durante cinco horas, representantes de diferentes sectores debatieron el contenido del proyecto de ley durante un foro sobre la regulación de la competencia empresarial en Ecuador y Latinoamérica, organizado por la Pontificia Universidad Católica y la consultora Prófitas.
Una de las principales observaciones que se hizo al proyecto fue que se haya incluido en el texto dos conceptos abstractos: poder de mercado y posición de dominio.
“A nuestro juicio los dos significan la misma cosa. Pero la distinción que plantea la ley confunde y crea un ámbito de posible discrecionalidad al aplicar la norma, lo que generará un ambiente de inseguridad”, señaló Pablo Dávila, presidente de la Cámara de Industrias y Producción.
El poder del mercado se define como la capacidad de una empresa para influir dentro de un mercado relevante, mientras que la posición de dominio significa, de acuerdo al Gobierno, el porcentaje del total de ventas de una empresa en el mercado relevante.
Pese a las dudas sobre los conceptos, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) aseguró que hay claridad en este y los demás temas dentro del texto. Pero no descartó trabajar con la Comisión de lo Económico de la Asamblea, quien está a cargo del proyecto de ley, para aclarar algunas partes del texto.
“Hay que espantar los fantasmas que están detrás de una teoría de la conspiración. En los medios se hila fino y se dice que esta ley le da más poder al Estado y que eso va a estar manejado por el Ejecutivo, lo cual se va a usar con fines políticos”, aseguró Mateo Villalba, subsecretario de inversión pública de la Senplades.
Con esto se refiere a las críticas que se ha realizado sobre el amplio poder que tendrá el Superintendente de Control de Poder del Mercado para actuar sobre una empresa que “podría” estar actuando contra la competencia.
“El tema se vuelve discrecional porque la autoridad reguladora deberá tener la sabiduría para saber cuándo una decisión empresarial atenta o no a la competencia”, comentó el asambleísta Rafael Dávila, de la Comisión de Desarrollo Económico, quien también ha presentado un proyecto de Ley Antimonopolio.
El legislador hizo una crítica al artículo 33 del proyecto, el cual establece la creación de una Junta de Regulación que podrá expedir normas. Esta, dijo, estará en manos de la Presidencia, lo cual no es correcto. De ahí que propuso que el proyecto de ley sea modificado en esta parte y planteó que en lugar de la Junta se incluya un cuerpo colegiado, que también sea una instancia de apelación.
El presidente de la Comisión de lo Económico, Paco Velasco, anticipó que se tomará en cuenta algunas alertas presentadas ayer, como los plazos para la investigación de las empresas (“son muy cortos”), los márgenes de fusión (“el 20% es bajo”), etc. Además, dijo que se preservarán las garantías del debido proceso y que se aclarará lo que es posición de dominio y poder de mercado.
La revisión de estos puntos fue recomendada por el abogado peruano Alejandro Falla, quien es penalista internacional y experto en temas de competencia, regulación económica, etc. Él planteó también las complicaciones que podría traer el hecho de que el Ejecutivo desarrolle una política temporal de fijación de precios.
El artículo 30 de la normativa establece que el Presidente podrá tomar la decisión para beneficio del consumo popular, para proteger la producción nacional y la sostenibilidad de la misma.
Para Falla, el tema, además de ser discrecional, puede crear distorsiones en el mercado. “El Estado puede interferir en la regulación. Pero su accionar puede influir en el desarrollo de la competencia. Me llama la atención que esto se incluya en la ley”.
Puntos de vista
Silvia Khon. Asambleísta
El proyecto tiene cosas que no deberían estar allí
Está asegurada una mayoría para la aprobación del proyecto dentro de la Comisión. Hoy (ayer) los legisladores vamos a tratar de mejorar el proyecto de ley. La regulación del mercado es importante, pero hay cosas que no deberían estar dentro del mismo. Con ello me refiero a las reformatorias vigésimo quinta y vigésimo sexta, que hablan del manejo de medios de comunicación y del sistema financiero.
Walter Spurrier. Economista
El Gobierno busca controlar a las empresas
El proyecto de ley está regulando elementos relativos al abuso del poder de mercado. Se critica la concentración en el país y al referirse a este tema el Gobierno habla de los poderes fácticos de los grupos empresariales. El objetivo real del proyecto es debilitar la importancia de las compañías dentro del país. El Gobierno usará la ley como una fuente para tener control político sobre las empresas.
Pablo Dávalos. Economista
El proyecto de ley actual no es antimonopolio
Mis críticas van hacia la forma como se ha estado denominando a la ley. Esta no es antimonopolio porque de ninguna manera se busca restringir los monopolios en el país. El objetivo de la norma es diferente, es decir, busca regular las prácticas de abuso del poder del mercado, las que pueden afectar al consumidor. Lo que hace la ley es controlar las prácticas de los grupos que tienen una alta concentración.
María Troya. Tribuna del consumidor
Las aclaraciones de tipo conceptual deben darse
La Asamblea tiene que explicar de mejor forma el tema de poder de mercado y de posición de dominio. Ambos términos teóricamente existen, pero hay que aclarar si ambas cosas implican lo mismo o son diferentes. Además, hay que revisar mejor los elementos sobre el abuso del poder del mercado y de posición de dominio. También es necesario analizar el poder que tendrá la autoridad de control.
Fuente: diario El Comercio