En al menos tres ocasiones el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, cambió su versión sobre el número de fallecidos en el paro nacional de octubre pasado y la verificación de la información sobre las circunstancias de sus supuestas muertes.
En respuesta a una carta enviada por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, el 15 de octubre pasado, respecto a las fuentes de información sobre el número de muertos, heridos y detenidos, se señaló que los datos se obtuvieron “de fuentes directas de familiares, amigos cercanos, personal médico, personas que se encontraban en el momento de los hechos, así como también de los medios de comunicación. Que las confirmaciones fueron realizadas por la Dirección Nacional de Derechos del Buen Vivir en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación de nuestra institución a través de entrevistas y visitas a albergues, centros de atención médica y hospitales. Que la Defensoría ha constatado que estos decesos se han dado en el contexto de las manifestaciones sociales”.
Un mes después, ante la comisión ocasional de la Asamblea Nacional que investigó las protestas, habló de ocho fallecidos, aunque en su presentación en power point dejó constancia de once. En esa lista se incluía a José Rodrigo Chaluisa, cuya identidad y las circunstancias de su presunta muerte han sido puestas en duda.
La tercera versión es la que dio a la prensa el lunes pasado, Carrión explicó que cuando la institución presentó los siete informes respecto al número de personas fallecidas en las manifestaciones, ellos siempre dijeron que eran once.
Recordó que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) habla de ocho personas fallecidas por consecuencia de acciones violentas y tres que están por determinar la causa.
Esta vez, Carrión señaló que su institución no podía verificar las muertes porque ello “involucraba una investigación exhaustiva, una investigación que debía llevarla a cabo la propia Fiscalía, para determinar si (las muertes) son producto de acciones violentas o son productos accidentales”.
El documento de la Defensoría del Pueblo sirvió de base tanto para la elaboración del informe final de la Asamblea como de la CIDH.
La ministra Romo señaló que el 15 de octubre pasado ya comentó sobre la lista de fallecidos publicada por la Defensoría. “En esa lista hay accidentes de tránsito y en esa lista había nombres que no existían. Lo he dicho durante tres meses, lamentablemente la Asamblea Nacional y la CIDH tomaron el informe de la Defensoría sin hacer una contrastación propia”, replicó.
Dos informes sobre fallecidos
Asamblea
En el informe que aprobó la Asamblea sobre los hechos del paro se incluye el listado de los fallecidos. En la página 117 se cita a la Conaie que habla de 9 muertos, entre ellos José Rodrigo Chaluisa, de 36 años de edad, fallecido el 9 de octubre. Dice que es líder de la comunidad Yanohurco, Cotopaxi, y que murió cerca del parque El Arbolito en Quito por asfixia y arrollamiento. En la página 137 está el listado de ocho nombres de la Defensoría del Pueblo y está José Rodrigo Chaluisa. La comisión dice que en la presentación se habló de once muertos.
CIDH
En su informe menciona que la Conaie reportó a la CIDH que el 9 de octubre falleció José Rodrigo Chaluisa. Al respecto, el Ministerio de Gobierno informa que no había encontrado su nombre en ninguna institución. El 30 de octubre el Servicio Nacional de Medicina Legal ratificó a la CIDH que el caso no estaba en la información de cadáveres ingresados. El 3 de enero de 2020 el Estado reporta que no existe el registro del levantamiento del cadáver de José Rodrigo Chaluisa, y que la indagación de morgues y casas de salud tampoco arrojó resultados. (I)
- Con informes de Diario El Universo