Abdalá niega relación con las supuestas amenazas a juez

Abdalá Bucaram, en rueda de prensa desde su casa este martes 29 de septiembre del 2020. Foto: API.

El expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram Ortiz, se pronunció la mañana de este martes 29 de septiembre, sobre las supuestas amenazas al Juez Ronald Guerrero, que sigue una de las causas contra su hijo Jacobo Bucaram Pulley.

Bucaram aseguró que no tienen ninguna relación con las amenazas recibidas por el juez Guerrero, que no es su proceder la «venganza», y considera que todo es un «teatro». «Cómo es posible que no han capturado a esos tres extranjeros. Cómo es posible que no han investigado quienes son», cuestionó.

Según la Ministra de Gobierno María Paula Romo, fueron tres extranjeros colombianos quienes realizaron la amenaza al juez, para «que revoque, la cambie o se atenga a las consecuencias», en relación a la medida de traslado a Latacunga de Jacobo. El juez ya forma parte del Sistema Nacional de Protección a Víctimas y Testigos.

Bucaram también denunció la ilegalidad del traslado de su hijo a Latacunga, ya que Jacobo está siendo investigado en dos de los tres casos en Guayaquil, su lugar de origen y de residencia.

Acusó además a Romo de emprender una persecusión política en su contra y la de su familia.

Sobre la detención de Jacobo en Colombia, el expresidente habla de un secuestro contra su hijo, y cuestionó el por qué las autoridades no tramitaron la captura (en Perú) de Bolívar Sánchez, empresario condenado en Ecuador a ocho años por el caso Sobornos, y si tramitó la de su hijo Jacobo, «que es un simple investigado y que no tiene formulación de cargos».

Jacobo fue capturado en Medellín, Colombia, el viernes 25 de septiembre por encontrarse de manera irregular en el vecino país. Horas después fue expulsado y se le prohibió su ingreso por diez años a Colombia. A su llegada a Ecuador fue trasladado a la cárcel de Latacunga por una prisión preventiva por el delito de delincuencia organizada.

Además Jacobo es procesado y tiene órdenes de prisión preventiva por los supuestos delitos de tráfico de bienes patrimoniales y asociación ilícita, este último relacionado a la venta de medicina a hospitales públicos de Guayaquil, durante la emergencia sanitaria por el coronavirus.

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