La Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional recomendó al Pleno que proceda con el enjuiciamiento político del ministro y exministra de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos y Catalina Andramuño, respectivamente; así como del presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, Xavier Torres Correa.
Esto relacionado a la entrega irregular de carnés de discapacidad.
Los miembros de la Comisión de Salud durante la revisión a los expedientes, identificaron hallazgos como: funcionarios no acreditados y sin perfil para ser calificador de la discapacidad; ausencia de documentos que respalden la calificación; porcentajes asignados no guardan relación con lo expuesto en los exámenes complementarios y certificados médicos; emisión de carnés durante la emergencia sanitaria, pese a que el proceso se encontraba suspendido.
Además, profesionales calificadores en ámbitos que no son de su competencia, registran a personas con discapacidad; certificado médico para calificaciones de varias personas; se detecta que varios campos en el sistema registran la misma información de los datos de filiación.
Los asambleístas revelaron además que, entre los hallazgos, 22 profesionales del Ministerio de Salud Pública, en su período laboral emitieron 29 708 carnés, de los cuales 3000 carnés corresponden al período de pandemia; 1650 están en proceso de notificación, 1140 carnés en proceso de anulación si el ciudadano no efectúa los descargos correspondientes y 210 carnés emitidos fraudulentamente.
La comisión ha dicho que el Ministerio de Salud Pública incumplió sus atribuciones y responsabilidades como ente rector del Sistema Nacional de Salud al no garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, velar por el cumplimiento y sancionar cualquier incumplimiento a la normativa interna.
Además agregó que el CONADIS no demostró a la Comisión haber exigido al Ministerio de Salud Pública que adopte las medidas correctivas inmediatas para mejorar el proceso de obtención de carnés de discapacidad y tampoco demostró el seguimiento a la implementación de la política pública sobre el nuevo proceso de calificación, en función de la herramienta sustitutiva del Baremo Español, ni acciones puntuales durante la emergencia.
En este sentido la Comisión recomendó el enjuiciamiento político contra Juan Carlos Zevallos, Catalina Andramuño y Xavier Torres.