Quito, Ecuador
No nos damos cuenta. No queremos darnos cuenta. Pero, sistemáticamente, desde hace varios años, se han ido generando en el país las condiciones necesarias para el establecimiento de un Estado étnico. Este es el objetivo por el que el movimiento indígena, apoyado por estudiantes, profesores y activistas de izquierda, viene trabajando con ahínco.
Para alcanzarlo, ha desarrollado un trabajo en frentes múltiples (político, jurídico, cultural, organizativo), que se ha reforzado con el ascenso a la cúpula de las organizaciones indígenas de líderes radicales como Jaime Vargas y Leonidas Iza.
El reconocimiento constitucional de Ecuador como un Estado plurinacional es la base jurídica de una propuesta de comunidad política articulada en torno al eje de la identidad. Con esta base, PK y la Conaie, con el apoyo de grupos de ultraizquierda marxista y ciertos medios de comunicación autodenominados alternativos, se han lanzado a la búsqueda de la hegemonía cultural. Una estrategia de autoconcesión de la legitimidad de la que carecen.
No han empezado de cero, el terreno ha sido abonado por décadas de ideologización de los estudiantes del sistema público, llevada a cabo por profesores de izquierda, también ideologizados -no formados- en la universidad pública. Estos profesores no han enseñado a sus alumnos matemáticas ni lenguaje, sino a ver el mundo desde la atalaya de la consigna ideológica. Así lo demuestran los resultados de la Prueba PISA Ecuador, publicados en el año 2018, según los cuales, el 51% de estudiantes ecuatorianos no es capaz de entender más que textos simples y familiares y el 70% no tiene las habilidades básicas en matemáticas.
La ideologización de generaciones y generaciones de estudiantes del sistema público de educación ha sido presentada, paradójicamente, como educación crítica. Ser críticos, para estos profesores y sus discípulos, es seguir ciegamente unas proclamas ideológicas que poca o ninguna relación tienen con la realidad.
Ahora mismo, en busca de la hegemonía cultural, el movimiento indígena ha logrado apoderarse de la conducción de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (que ahora, oficiosamente, se denomina Casa de las Culturas), que actúa como operador ideológico y logístico del Movimiento, e intenta, a través de la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior, crear universidades indígenas, desde las cuales pueda sustentar académicamente una alternativa cultural y política contraria a Occidente, y adiestrar a sus cuadros políticos.
Para el movimiento indígena, lograr la hegemonía cultural implica destruir los valores democráticos y principios fundamentales del Estado de derecho, especialmente, el principio de legalidad, que supone “que todo poder público y toda acción privada deben ejercerse en virtud de una ley escrita” (economipedi.com), e instaurar el principio de excepcionalidad por razones étnicas.
Este intento ha sido reforzado por ciertas medidas políticas, entre las que destaca la reciente amnistía a los implicados en los actos vandálicos y terroristas de octubre de 2019 decretada por la Asamblea Nacional.
En la destrucción de los valores democráticos el movimiento indígena no está solo. Cuenta, también aquí, con el apoyo de la izquierda ecuatoriana, la que, desde siempre, ha complotado contra la democracia. El juego es peligroso, pues la destrucción de estos valores, más temprano que tarde, dará paso a la entronización de algún tipo de autoritarismo. Cuyas posibilidades aumentan cuando el Estado se muestra incapaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos. La gente no quiere vivir en el caos. Y prefiere cualquier orden, incluso uno tiránico, a la anarquía.
¿Cómo enfrentarse a esta arremetida cultural del indigenismo autoritario y defender los valores democráticos y los principios del Estado de derecho? Buscar alternativas y llevarlas a cabo es una obligación de todos, teniendo presente la idea de Estado unitario y laico, y que el objetivo final de una comunidad política, como pensaba Aristóteles, es el bien común; no el de uno ni el de muchos ni el de pocos.
