Después de que en la Corte Constitucional (CC) no se halló un consenso sobre el proyecto de dictamen planteado por la jueza Teresa Nuques Martínez que recomendó inadmitir a trámite el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, en la Asamblea Nacional se volvió a abrir el debate sobre la pertinencia o no de aplicar la figura constitucional de la “muerte cruzada” (adelanto de elecciones).
La presidencia nacional, y la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), afirmaron que, si la Corte Constitucional admite el juicio político, la muerte cruzada no cabe.
Alfredo Serrano, presidente nacional del PSC, y Esteban Torres, jefe del bloque en el Parlamento, señalaron en un comunicado, que sería inconstitucional y carecería de efecto jurídico como lo dispone en los artículos 148 y 424 de la Constitución Política de la República.
El 148 señala que el presidente de la República podrá disolver la Asamblea cuando, a su juicio, esta se hubiera arrogado funciones que no le competen constitucionalmente previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, o si de forma reiterada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política o conmoción interna.
A su vez, Mario Ruiz, jefe de bloque de la bancada del movimiento Pachakutik, también se mostró en desacuerdo con ir a ese escenario político.
“¿Para qué? ¿Para que probablemente en ocho meses el que venga a sentarse en el poder forme parte de un proyecto político que persiguió a insultó a periodistas y arremetió en contra de personas que defendían la naturaleza y estaban en contra del extractivismo minero y petrolero?», dijo.
A este rechazo se sumó Yeseña Guamaní de la Izquierda Democrática y Darwin Pereira de Pachakutik.