Quito, Ecuador
El cuatro de diciembre de este año, Teleamazonas transmitió el testimonio de una profesora universitaria, supuesta víctima de abuso sexual, en el formato característico de estas notas: imagen velada o parcializada de la denunciante, voz grotescamente distorsionada (para evitar, se entiende, que pueda ser reconocida), y dos o tres brevísimas opiniones de personas que, sin conocer los pormenores del caso, legitiman en términos generales el testimonio de la supuesta víctima.
Se omite, como ya es costumbre en este tipo de notas, el nombre del supuesto agresor, con el mismo fin con el que se cambia el nombre de la víctima supuesta. Se deslizan, sin embargo, ciertos detalles que, al menos a quienes forman parte de los círculos en los que se mueven ambas personas, les permiten saber con facilidad de quiénes se trata.
Gracias a la potencia multiplicadora de las redes sociodigitales, el efecto expansivo de la noticia es, en realidad, mucho mayor. Y se acentúa cuando otros medios de comunicación reproducen o se hacen eco de una nota informativa sin fijarse en su calidad y veracidad. Ecuadorplay, con el título “Impunidad en la U. Central” transmitió un vídeo con contenidos similares a los de la nota de Teleamazonas, con el agravante de que en este vídeo se pone en duda, sin nada que ampare el punto de vista del medio, la actuación de la Universidad en el tratamiento del caso.
A Ecuadorplay no le importa lo que la institución haya hecho. No necesita saberlo. Si la decisión que ha tomado es contraria a las pretensiones de la supuesta víctima, es un error, una muestra más de impunidad. No de modo distinto a Ecuadorplay y a Teleamazonas, parte de cuya información reproduce, procedió el diario El Universo.
Para elaborar la nota de Teleamazonas, a su autora, Nathalie Jiménez, no le pareció necesario contrastar la versión de la profesora con la de su supuesto agresor. Tampoco, y pese a que esta afirma que la entidad universitaria que ha conocido el caso ha recomendado absolver al acusado, se tomó el trabajo de esperar a que el Consejo Universitario conociera el informe de la Comisión de Disciplina -que es la entidad encargada de procesar casos como el referido en la Universidad Central- y se pronunciara frente a él.
Menos aún se preocupó de analizar los argumentos de hecho y de derecho en los que se fundamentan las decisiones de la Comisión de Disciplina y el Consejo Universitario y los antecedentes del caso.
Si hubiera actuado con profesionalismo sabría que la acusación que la supuesta víctima ha lanzado ante las cámaras del canal es muy distinta de la que presentó ante la Junta Metropolitana de Protección de los Derechos de las Mujeres y de las Personas Adultas Mayores y ante la Comisión de Disciplina de la Universidad Central del Ecuador.
Si la periodista hubiera esperado un poco e investigado a fondo el caso, se habría enterado de que, en el informe presentado al Consejo Universitario, la Comisión de Disciplina recomienda al Consejo:
“a) Absolver al sumariado (…) por no existir suficiente prueba material que justifique la existencia de la infracción tipificada en este sumario administrativo, como tampoco su responsabilidad en las conductas que se le imputan, dando como resultado que no se haya destruido su principio de inocencia, por las consideraciones legales analizadas en el presente Informe de Sustentación.
b) No dictar medidas de reparación, al no haberse configurado vulneración de derechos por no determinarse responsabilidad en el presente caso”, y de que el Consejo, con el voto de 29 de 33 miembros presentes, aceptó la recomendación de la Comisión de Disciplina y, además, dispuso a la denunciante, como medida de reparación al acusado, ofrecerle disculpas públicas, “por cuanto la denuncia carece de fundamento legal y fáctico”. Lo que significa que, para el Consejo Universitario, la verdadera víctima en este asunto es el acusado.
Muchas cosas más debió haber investigado la periodista; por ejemplo, los vídeos en Tik Tok y Facebook publicados por la acusadora para difundir su versión de los hechos y, de paso, denigrar al acusado. Uno de ellos especialmente, en el que, como si estuviera en un karaoke, simula cantar una pieza de “Paquita la del barrio”, en la que una mujer despechada le dice a su examante “alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio; rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo se queda muy chiquito”, y otras lindezas por el estilo.
La periodista no investigó a fondo. Casi nada investigó. Y omitiendo hacer su trabajo de acuerdo con las normas técnicas de la profesión y la deontología periodística, contribuyó a difamar a un inocente.
¿Por qué Nathalie Jiménez actuó como lo hizo? ¿Por figurar? ¿Porque confunde activismo social con periodismo? ¿Por ajustarse a las modas ideológicas vigentes? ¿Por ganar audiencia para el canal? ¿Por justificar su contratación? ¿Por incompetencia? ¿Por simple inercia laboral? Luego, ¿era necesario difundir una denuncia que estaba siendo tramitada por los órganos competentes y que, en la universidad, se hallaba en la etapa de resolución? Si estaba siendo debidamente atendido el caso, ¿cuál era el propósito de la denuncia mediática? ¿Presionar a las autoridades para que decidan de acuerdo con el punto de vista de la denunciante?
El problema, según se observa, no es solo personal, sino institucional. Daría la impresión de que nadie, en la televisora, revisó la nota de Jiménez antes de publicarla o, si alguien lo hizo, le pareció bien sacar una nota sin contrastación de fuentes ni datos que respaldaran la versión de la denunciante. O tal vez, simplemente, la periodista y sus jefes irrespetaron las normas del canal relativas al manejo adecuado de la información.
La mala práctica de Teleamazonas es solo un síntoma de un mal mayor. Con el pretexto de proteger a las mujeres de la violencia, se ha instaurado en Ecuador y gran parte del mundo una nueva Inquisición, uno de cuyos presupuestos más perniciosos, el famoso “Yo sí te creo”, viola principios fundamentales del Estado de derecho como la presunción de inocencia, y vicia la forma de actuación de instituciones que, como las juntas de protección de derechos, se encargan, en el ámbito administrativo, de impartir justicia.
En manos de medios de comunicación que, igual que Teleamazonas, actúan contra la ética periodística y contra los principios del Estado de derecho, la denuncia mediática se transforma en prueba y sentencia, y, en el caso que nos ocupa, en una forma de difamación.
Los daños que el manejo irresponsable y antiético de la información provoca pueden ser muy graves. De sobra sabemos que cuando se lanza una denuncia mediática, aunque luego se pruebe que era falsa, el daño causado a la persona falsamente acusada es irreversible. ¿Quién paga por eso? ¿Cómo se limpia la honra ya manchada?
Lo cierto es que alguien gana con la generalización de conductas antiéticas como la de Teleamazonas. Lo medios, en primer lugar; aunque, a la larga, pierden su capital más importante: la credibilidad. Pero los verdaderos ganadores de las malas prácticas informativas son los nuevos inquisidores. Aquellos que, con los mejores pretextos del mundo, han instaurado, en una época aparentemente liberal como la que vivimos, el terrorismo de las costumbres propio de las teocracias y los totalitarismos. Ganan, también, los recalcitrantes enemigos de la prensa. Esos que no se cansan de calificarla de “prensa corrupta”. Y a los que, ahora, Teleamazonas les hace el juego.
En la medida en que son un poder, la capacidad de hacer daño de los medios de comunicación es muy grande y, por ese motivo, es igual de grande su responsabilidad.
Los medios de comunicación son esenciales para mantener la democracia y el Estado de derecho. Así que ningún cuidado es excesivo cuando se trata de garantizar el cumplimiento de esta misión.
¿Qué hará Teleamazonas frente a la evidencia flagrante de sus errores, qué hará la autora de la nota tendenciosa? Ofrecer disculpas a la persona que ayudaron a agraviar públicamente y revisar sus procedimientos para el manejo de la información es lo mínimo que pueden hacer.
Sin embargo, lo hecho por Teleamazonas y otros medios de comunicación del país en el caso del que venimos hablando -síntoma, como hemos dicho, de un problema cultural mayor- exige que los medios de comunicación social, los gremios y los periodistas reafirmen, más allá del discurso, unos principios éticos que dan por sentados, pero que, en la práctica, muchos han dejado de seguir. Notas como la de Teleamazonas, más que informar o posicionar un tema de relevancia en el debate público, lo que hacen es promover una actuación parcializada de los órganos administrativos y jurisdiccionales. Y esto puede llamarse activismo social en el peor de los sentidos, pero periodismo, no.
